Ley de Defensa Nacional - Ministerio de Defensa

196
29 y 30 de diciembre de 1987
pusimos de acuerdo para elaborar este proyecto? Digamos las cosas como son: no hay sistema
democrático ni proyecto político que puedan ser llevados hacia adelante si ese proyecto político,
precisamente, no tiene la valentía de conducir a las Fuerzas Armadas. Esta es la idea que el 21 de
octubre de este año manejó el peronismo en ocasión del análisis del dictamen de minoría que
íbamos a confeccionar cuando llegase a esta Cámara el proyecto de Ley de Defensa. Entre otras
cosas, en ese despacho solicitábamos que el proyecto volviera a comisión a efectos de procurar
la formulación de una nueva iniciativa, consensuada, con la participación de la Comisión de
Defensa Nacional de la Cámara de Senadores y del Ministerio de Defensa. Fue entonces cuando
pensamos en elaborar una propuesta, ya que nos dijimos: “si estamos decididos a debatir esto en
la Cámara, conversemos a efectos de lograr un consenso alrededor del proyecto”. Aquí se inicia
esta historia de la que el señor diputado Jaroslavsky es testigo.
El 21 de octubre decidimos hablar con el citado señor diputado a efectos de hacerle esa propuesta.
Se trataba de un desafío grande, pero desafío al fin; un desafío que hacía cuatro años que
estábamos esperando, y que necesitaban tanto la Patria como el sistema democrático. Así fue:
el señor diputado Jaroslavsky consideró la iniciativa como muy buena, la conversó con el señor
presidente de la Nación, y luego comenzaron a realizarse una serie de reuniones inorgánicas pero
amistosas, en el convencimiento de que debíamos acordar, porque no había más tiempo que
perder; y lo logramos.
Paulatina pero rápidamente, a estas charlas se incorporaron las fuerzas populares y nacionales
del país. Como es lógico —justo es reconocerlo—, no creímos interesante incorporar a las
minorías, porque sabíamos que en la democracia vienen a buscar votos, y en los gobiernos de
facto, botas. Sabíamos que iba a ser pernicioso. Esta es la pura verdad.
Aquí se inicia una historia que va a culminar dentro de pocos minutos, cuando una ley de
Defensa Nacional postergada, aunque ansiada y necesitada para la consolidación del sistema
demo crático, sea sancionada. Se tratará de una ley que podrá ser perfeccionada por otra, y así
los señores de las microminorías liberales sordas tendrán oportunidad de mejorarla en cuatro,
seis, ocho o más años; este es el plazo que tendrán gracias a la vigencia del proyecto de ley que
sancionaremos.
Por parte de los señores liberales hay una gran preocupación por la pérdida de autoridad que
representa para el Poder Ejecutivo Nacional la sanción de esta iniciativa. No tienen en cuenta al
Parlamento. Por supuesto, en los gobiernos de facto lo primero que desaparece es el Congreso, ya
que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial siguen funcionando; pero eso no les preocupa.
No cabe duda de que los constituyentes quisieron que el poder, la composición y el reclutamiento
de los efectivos militares, como asimismo el comportamiento de los integrantes de las
Fuerzas Armadas, tanto en tiempo de paz como de guerra, estuvieran bajo la supervisión de este
Congreso Nacional y del presidente de la Nación.
Once cláusulas constitucionales establecen con claridad lo anteriormente mencionado. Tal
hecho se verifica ante las dudas de los señores liberales.
Por el artículo 67 inciso 26 de la Constitución Nacional se establece como facultad del
Parlamento declarar el estado de sitio en caso de ataque exterior. En el inciso 15 del mismo
artículo se faculta al Congreso de la Nación para proveer a la seguridad de las fronteras. Por el
inciso 21 —siempre refiriéndome al mismo artículo de la Constitución Nacional— se faculta
al Poder Legislativo para autorizar al Ejecutivo a declarar la guerra o hacer la paz. También en
el artículo 67, inciso 23, se faculta al Congreso para fijar la fuerza de línea de tierra y de mar en
tiempo de paz y guerra; y formar reglamentos y ordenanzas para el gobierno de dichos ejércitos.
Finalmente, por el inciso 25, se faculta al Parlamento para permitir la introducción de tropas
extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de las fuerzas nacionales fuera de él.
Es de destacar que, por cierto, la Cámara de Diputados tiene exclusividad en la iniciativa de leyes
concernientes al reclutamiento de tropas, tal como lo prescribe el artículo 44 de la Carta Magna.