Ley de Defensa Nacional - Ministerio de Defensa

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29 y 30 de diciembre de 1987
Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea para sojuzgar o reprimir al pueblo, aunque tuvo que sufrir
con él, que jefes rebeldes usaran esas fuerzas contra el poder constitucional que representaba.
Ahora rescatamos el papel que Perón dio a las Fuerzas Armadas, el de brazo armado de la
Nación, para asegurar la independencia y capacidad de autodeterminación, tal como lo propone
este proyecto de ley, y para la protección de la vida y los bienes de los argentinos, destinatarios de
los beneficios que esta norma puede y debe dar al país.
Muchos errores se han cometido y ya no hay margen para repetirlos. Cada uno de nosotros,
es decir, cada argentino, tiene que seguir a rajatabla el libreto que la Constitución y esta norma
nos asignan. Olvidarlo generaría nuevamente conflictos innecesarios, quizá guerras cuyo fresco y
desgraciado recuerdo nos obliga a todos por igual a construir una sociedad en la que cada argentino
sepa que sus derechos terminan donde comienzan los de los más, en un marco de respeto
mutuo como base fundamental para la recuperación de la Patria que todos queremos. (Aplausos).
Sr. Presidente (Duhalde).—Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.
Sr. Manrique (L. A.).—Señor presidente: brevemente deseo señalar que, en realidad, he quedado
sorprendido luego de escuchar a la autotitulada novel vanguardia ideológica del país. Todo
lo acaecido en la reunión del día de la fecha nos lleva a pensar sin ninguna duda que, tal como
lo manifestaron los señores diputados Álvarez Guerrero y Lestelle, aquí las aguas se dividen con
bastante nitidez.
Los argumentos fundantes de esta supuesta, pretendida y autotitulada novel vanguardia
ideológica transitan caminos que yo calificaría como antagónicos, ubicados en las antípodas de
su propio pensamiento político. Aquí se ha señalado muy bien y con sobradas razones que este
proyecto de ley termina definitivamente con la doctrina de seguridad nacional. No voy a extenderme
en esta cuestión, pero creo que si observamos esta iniciativa desde la óptica que esbozó
el señor diputado Lestelle —la del pueblo, los hombres y mujeres que lo integran—, esta norma
constituye efectivamente el rescate casi a ultranza de las libertades públicas. Esta iniciativa no es
censora ni represora; por su intermedio no tendremos nunca más miedo a ser perseguidos o detenidos,
o quizá carecer de la posibilidad de acceder a un cargo público por abrazar alguna idea.
Extrañamente, quienes esgrimen la bandera de la libertad hoy vienen a cuestionar este proyecto
de ley justo por los aspectos referidos a la libertad de los hombres y mujeres que integran
nuestro pueblo. ¿Qué más podemos hacer hoy los legisladores que ampliar el marco de libertades
públicas que ya nos brinda la democracia, sabiendo cierta y definitivamente que nunca más
un organismo de seguridad de las Fuerzas Armadas podrá penetrar en el interior de nuestras
conciencias?
Esta novel vanguardia ideológica vuelve a caer en su historia: liberal en lo económico, o sea,
una suerte de darwinismo salvaje para nuestros hombres; y autoritaria en lo político, cuando
se trata de libertades públicas. Paul Samuelson decía —y nadie puede dudar aquí de la filiación
ideológica de quien cito— que estas concepciones, bastante frecuentes en nuestro continente
americano, no son auténticamente liberales, sino que él las llamaba —y creo que con razón—
una suerte de fascismo de mercado. Considero que eso es a lo que hemos asistido hoy, porque
nadie puede pedir coherentemente que pase a comisión un asunto que ha sido tratado largamente
por este Parlamento y que constituye una de las asignaturas pendientes que tiene la democracia,
tal como lo señaló el señor diputado Toma en su intervención.
Nadie puede soslayar hoy los mecanismos de consenso de la sociedad y de los sectores políticos;
en la actualidad son realmente la vanguardia ideológica de esta sociedad.
Entonces, por entender que efectivamente esta iniciativa extiende el marco de las libertades
públicas de los hombres y mujeres que integran nuestro pueblo; que viabiliza el consenso como
un mecanismo válido y apto; que sin soslayar en absoluto los resortes institucionales pueden poner
en funcionamiento el andamiaje institucional que necesita el país, y que en democracia la sociedad
civil puede rendir y aprobar esta asignatura pendiente que tenía en sus Fuerzas Armadas,