Ley de Defensa Nacional - Ministerio de Defensa

32a. reunión - continuación 10a. sesión extraordinaria
qué es lo que puede hacer el sistema. O sea, determinar y elaborar hipótesis, formular planes,
etcétera.
Entonces, no debemos decir que el sistema “tendrá por finalidad” sino que “el sistema establecido
por esta ley para lograr las finalidades deberá tales cosas”. Y en este “deberá”, creo que
también hay una omisión. Y dicha omisión se refiere a algo que yo destaqué en mi intervención
cuando tratamos el proyecto de ley anterior, que es intervenir en la organización, ejecución y
control para la producción para la defensa. Es de fundamental importancia intervenir en la organización,
ejecución y control del sistema nacional de ciencia y técnica existente o que deba ser
establecido. Esto también es inexcusable en el sistema de la ley de defensa.
El progreso de las tecnologías hace que los responsables de la aplicación de esta ley deban
poner el acento en la organización, ejecución, desarrollo y control del sistema de ciencia y técnica.
Nosotros no podemos ser un país en donde la actividad científica se convierta en un simple
cientificismo más o menos artificioso sobre cualquier materia, sino que debe estar fundamentalmente
orientado en esta ley a la necesidad de crear circunstancias y condiciones de ciencia y
técnica que hagan posible la actuación conveniente del sistema.
El artículo 13 se refiere al cuadro que censuró y criticó duramente el señor senador Bravo
Herrera. En cuanto a este cuadro, que figuraba en el proyecto originario de la señora senadora
Gurdulich de Correa y que después fue modificado —inclusive con su firma— en la sanción
del Senado —que ahora se repite en Diputados— hice la observación al respecto —y la reitero
aquí— de que la supresión que se ha hecho en él de la posible intervención de las Fuerzas
Armadas en los casos de agresión de tipo social cuando procede de las cuestiones internas internacionales
es importante.
Y quiero recordar a Perón otra vez. Cuando él encontró este país subvertido por lo que después
fue la guerrilla, aclaró muy bien que conocía eso; que lo había visto en Europa; que muchos
de esos grupos subversivos y terroristas procedían de incitaciones, de maniobras y de intervenciones
de poderes extranacionales que, en gran proporción, venían de otras partes.
Entonces, si nosotros tenemos que advertir que algún grupo internacional de algún signo
ideológico, en algún momento desata desde afuera de nosotros agresiones para romper el orden
institucional argentino, ¿serán o no suficientes 175 mil agentes de seguridad que ha mencionado
el señor senador Berhongaray? Ya no será una cuestión de número; será una cuestión de concepto
porque estará en juego la necesidad de la defensa de la integridad nacional, de la totalidad
de los intereses no solamente humanos sino también nacionales, en el sentido del patrimonio de
la República, de su propio territorio y de todas las consecuencias que de ello se pueden derivar.
Lamentablemente, esto fue suprimido; lo menciono a título de reiteración de una opinión
que ya había formulado y que sigo creyendo que es buena, aunque descarto que no va a tener
ningún éxito frente a la redacción que tiene el artículo, en el que se dice que “…el Consejo de
Defensa Nacional tendrá en cuenta un programa de mecanismos de alerta, que contemple las
situaciones de conflicto previsibles y las respuestas consiguientes y ajustadas para cada situación,
conforme con el cuadro aclaratorio…”
Es decir, “tener en cuenta” no es precisamente el concepto con que yo entendía esa inclusión
en el proyecto justicialista que firmaba la señora senadora Gurdulich.
Me referiré al artículo 20, en el que se dice que en toda circunstancia sus miembros —se
refiere a la reunión de las Fuerzas Armadas— se encuadrarán bajo un mando responsable de la
conducta de sus subordinados. Yo propongo, formalmente, que se suprima este párrafo o que se
modifique diciendo: “De la conducta, durante el tiempo de guerra, de sus subordinados”.
Esto, en cierto modo, en una interpretación viene a tomar presencia con relación a la discusión
que todavía existe sobre la obediencia debida.
Aquí nos estamos entrometiendo en lo que debe ser materia de una legislación especial, respecto
de la que se quiere aclarar lo que ya está puesto en el Código de Justicia Militar. Esto ha sido
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1987-1988