Ley de Defensa Nacional - Ministerio de Defensa

32a. reunión - continuación 10a. sesión extraordinaria
En estos temas, señores senadores, no hay lugar para la ingenuidad política si, como se
ha dicho, la ley no veda al presidente —es obvio que no podría hacerlo— la facultad que la
Constitución Nacional le otorga para usarla en el marco interno, queremos que así se exprese.
Señora presidente, queremos que el gráfico anexo del proyecto prevea esa hipótesis, como
oportunamente lo hicimos saber a los propulsores del proyecto. Y esto, señores senadores, no
tiene nada que ver con la tan temida llamada doctrina de la seguridad nacional, sino con el
texto expreso de la Constitución Nacional que nos rige. Y que no se nos diga que la mención
no se quiere hacer por innecesaria, ya que en otras partes del articulado —como por ejemplo,
los artículos 26 y 29— se hacen referencias expresas a la Carta Magna. ¿O acaso el presidente
Yrigoyen no hizo uso de la facultad que señalo? ¿O es que se han olvidado las palabras del ministro
de Defensa Leopoldo Suárez, cuando en la Cámara de Diputados advertía, en 1964, que
para defender el país y su vida democrática estarían las Fuerzas Armadas, si fuera necesario,
ante un proceso de tipo guerrillero? (Tomo IV, página 2880 y siguientes, del Diario de Sesiones
de la Cámara de Diputados).
¿Acaso los justicialistas han olvidado también a ese político y militar argentino que se llamó
Juan Domingo Perón, cuando el 22 de enero de 1974 enseñaba a los diputados de la juventud
peronista cómo debía enfrentarse a la delincuencia terrorista desnudando así la importancia que
otorgaba a esa amenaza cuando decía: “Vamos a proceder de acuerdo con la necesidad, cualesquiera
sean los medios. Si no hay ley, también lo vamos a hacer y lo vamos a hacer violentamente,
porque a la violencia no se puede oponer otra cosa que la violencia”? (Página 14, cuaderno Perón
y el imperativo nacional, Prensa y Difusión de la Presidencia, año 1974). Me cuesta aceptar que
este justicialismo renovado desconozca el pensamiento del presidente mencionado, cuando definía
a la agresión moderna como de tipo integral, la cual se procesa en los campos político,
económico, sociológico y militar y por ello dicha agresión debe ser enfrentada también en forma
integral (discurso del Colegio Militar del 25 de mayo de 1974).
Lo destaco nuevamente, la palabra utilizada es “integral”. Aquí no se advierten las tajantes y
académicas divisiones que incluye el proyecto, por cierto tan ajenas a la realidad.
Nosotros, señor presidente, creemos que nuestro deber nos impone legislar firmemente
asentados en la Constitución Nacional, afirmados en la experiencia nacional e internacional a
la luz de las realidades concretas y no de las elaboraciones teóricas, fruto del prejuicio y del escrúpulo
ideológico, que cuando se ponen al servicio de temas tan permanentes y esenciales de
la República, denotan una confusión de jerarquía de normas y valores cuya peligrosidad es mi
deber señalar hoy en este recinto.
Seré más breve con el resto del articulado. Discrepamos con el artículo 4º cuya supresión
del texto proponemos. En el mismo se impone una labor de dilucidación permanente entre los
problemas referentes a la Defensa Nacional que señala el artículo 2º —y los atinentes a la “seguridad
interior”, la cual no se define— por lo que dicha labor de dilucidación de conceptos que
el texto llama “diferencias fundamentales” vuelve el debate puramente abstracto y subjetivo. Se
nos anuncia en este artículo 4º que la seguridad interior será regida por una ley especial. Hubiera
sido interesante que la misma se hubiera incluido dentro del plazo de 365 días que fija el artículo
46 para el dictado de otras nueve leyes afines.
Entendemos que tanto esta ley como la de seguridad interior, para seguir la metodología de
los redactores del proyecto —y con la cual ya señalamos nuestra discrepancia— deberían haberse
tratado en forma simultánea en este Parlamento.
Cuatro años para una ley de defensa ¿Demoraremos cuatros más para la de seguridad interior?
Con respecto al programa “mecanismos de alerta”, que contempla las situaciones de conflictos
previsibles que el presidente de la Nación y el Consejo de Defensa Nacional deben tener
en cuenta, establecidos en el artículo 13 del proyecto y cuyo estudio debe ser hecho a la luz del
gráfico anexo que incluye el proyecto en debate, resulta rescatable como esfuerzo intelectual
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1987-1988