Ley de Defensa Nacional - Ministerio de Defensa

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8 de abril de 1988
Pero cuando la vida diaria, la vida concreta, la realidad obliga a que las Fuerzas Armadas
intervengan, entonces se dice “¿Cómo? ¿Esto no es doctrina de seguridad nacional? ¿No se está
refiriendo al pueblo contra el que se interviene?” “Esta es otra situación, contestan”. Se trata de
una aplicación de la Constitución Nacional. Desde chicos nos enseñan que la Constitución es la
ley suprema de la Nación y que deben subordinarse a ella las leyes nacionales y tratados celebrados
con potencias extranjeras.
Entonces, ¿cómo puede ser que no se legisle respecto de este punto aunque sea sosteniendo
que no se legisla porque son cláusulas operativas constitucionales, concepto con el cual disiento.
Que se diga eso, pero que no se dé pompa por ley; se lo prohíbe porque es doctrina de seguridad
nacional y se lo aplica siempre que sea necesario porque se trata de la Constitución Nacional.
Y así termina la frase feliz del ministro que salvó la situación. Esta no es una cuestión de habilidades
dialécticas sino de un trabajo serio con el que nosotros debemos solucionar el problema
de la Defensa Nacional y de los militares, de manera que ellos sepan a qué atenerse.
He tenido la curiosidad de hablar con diplomáticos, representantes militares de muchas naciones
—no de todas— y al plantearles este problema se mostraron sorprendidos y pensaban que
algo raro me sucedía. Luego de terminar la discusión me seguían mirando con extrañeza. Porque
ésta es una cuestión que ocurre en todos los países, en los socialistas y en los capitalistas. Las
Fuerzas Armadas, que son una estructura muy costosa, son utilizadas en el lugar que es necesario
de acuerdo al poder político —y no a ellas porque, evidentemente tienen que estar subordinadas
al poder político— y de acuerdo a la reglamentación anterior para que las Fuerzas Armadas ya
tengan conciencia de que no se las utiliza arbitrariamente en defensa de nuestra sociedad.
Entonces, éste es el pensamiento que me suscita ese incidente —dicho con un sentido amable—
ocurrido en el transcurso de esa sesión.
Por otra parte, al terminar su exposición el señor ministro de Defensa dijo lo siguiente: “Desde
el punto de vista doctrinario, creo que es aconsejable mantener la distinción que señala el proyecto
de ley de defensa que, por otra parte, desde mi punto de vista no podrá constituirse en un
obstáculo para el ejercicio de las facultades constitucionales que el presidente de la Nación tiene
respecto de la hipótesis de conmoción interior, como la que ya hemos analizado en este debate.”
Lo que yo señalo, entonces, es que pongamos el debate en este punto y que expresemos que
puede ser necesario que las Fuerzas Armadas intervengan en cuestiones internas a favor de la
Patria, de la sociedad, de la democracia y de la Constitución, que el Poder Ejecutivo va a ser el
único en aplicarlo y directamente, porque la cláusula de la Constitución es operativa y así terminamos
con la cuestión. De esta manera, tendremos una ley honrada y la gente nos va a respetar
más a nosotros, incluyendo los propios militares. Lo que no se debe hacer es aprobar una ley de
modo que cuando se está sancionando, los argumentos son insultos y luego cuando se tenga que
aplicar se dirá que esto es una cosa, y otra cosa es la Constitución.
Observen lo que piensa el señor ministro sobre este particular a continuación: “Si el señor
diputado quiere una síntesis de mi pensamiento le diré que la actuación de las Fuerzas Armadas
tiene que estar enmarcada en el ámbito de la Defensa Nacional de las instituciones de la República
por una ley que se refiere específicamente.”
Es decir que dentro del oficialismo no hay acuerdo sobre cómo vamos a terminar esta cuestión
que ha sido embarullada, por el gobierno que comenzó a fines de 1983, sobre la base de la
doctrina de la seguridad nacional en lugar de estudiar directamente una ley con la ayuda de toda
la sociedad política y de las Fuerzas Armadas, a las que no se tenía que dejar a un lado, para obtener
una disposición legal que contemplara la defensa de la República.
Por una cuestión cronológica, no se puede expresar que la Constitución esté adscripta a la
doctrina de la seguridad nacional pero, sin embargo, autoriza sospechosamente la intervención
de las Fuerzas Armadas en cuestiones internas.
Dejo así expresado este pensamiento sobre esta cuestión que hasta podríamos denominar