Ley de Defensa Nacional - Ministerio de Defensa

44a. reunión - 5a. sesión extraordinaria
Considero que la Defensa Nacional es un todo, o incluso sostengo que no siempre es fácil determinar
cuando se está ante una agresión externa y cuando ante una interna, porque la primera
puede ser fomentada desde el interior y viceversa.
La disposición del artículo 2º del proyecto en cuestión se ha tomado casi textualmente, sin
duda, de la ley española, pero existe una diferencia fundamental ya que la ley española se refiere a
todo tipo de agresión y nuestro proyecto se limita exclusivamente a la agresión de origen externo.
Ello no quiere decir que en España no existan fuerzas de seguridad llamadas de orden público,
porque la Guardia Civil y otros grupos con funciones similares tienen más de cien mil plazas.
Asimismo, es importante señalar que la ley española fue sancionada después de la muerte de
Franco y en plena vigencia de los pactos de La Moncloa.
En esta dicotomía que se pretende establecer se deja de lado la facultad constitucional que tiene
el presidente de la República —consagrada en el artículo 86 inciso 17 de nuestra Carta Magna— de
disponer de las Fuerzas Armadas en caso de grave conmoción interior. Por ello, no me explico la
obstinación por plasmar esta diferencia tajante entre seguridad exterior y seguridad interior.
El hecho de que la Defensa Nacional constituye un todo lo consignó con absoluta claridad el
ex presidente de la República, teniente general Juan Domingo Perón, cuando en mayo de 1974
dijo: “La naturaleza de la vida humana y la evolución de la estrategia muestran que la agresión es
integral, procesándose en los campos político, económico, sociológico y militar. En consecuencia,
la estrategia para enfrentar estas amenazas debe ser integral”.
Deseo recordar, también, palabras del ex ministro de Defensa Nacional del presidente Illia;
me refiero al doctor Leopoldo Suárez, quien alertó sobre la peligrosidad de los procesos subversivos
afirmando que deberían ser controlados, en principio, por las fuerzas de seguridad, y si
fuesen necesarias, estarían las Fuerzas Armadas integralmente para defender el país, sus instituciones
y la vida de los ciudadanos (Diario de Sesiones, 1964, Tomo IV, página 2883 y siguientes).
Si observamos nuestra historia podremos encontrar distintos acontecimientos en los que
se dispuso el empleo de las Fuerzas Armadas en cuestiones internas. Sin ánimo de polemizar ni
abrir juicios sobre asuntos ya definitivamente juzgados por la historia, quiero recordar la Semana
Trágica de 1919; en 1921 y 1923 la misión encomendada por los acontecimientos acaecidos en la
Patagonia; y en una fecha más reciente los decretos 2.770, 2.771 y 2.779 del gobierno constitucional
anterior, por los que se ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar las operaciones militares y de
seguridad que fuesen necesarias para aniquilar las acciones de los elementos subversivos ante los
sucesos ocurridos en Tucumán, disposiciones éstas que fueran suscriptas por la entonces titular
del Poder Ejecutivo Nacional, doña María Estela Martínez de Perón, y por el actual gobernador
de la provincia de Buenos Aires, entre otros.
En el proyecto en consideración se habla de la acción disuasiva de las Fuerzas Armadas, más
no se expresa claramente en qué consiste tal disuasión. ¿Implica la amenaza del empleo de bomba
atómica? ¿O la ocupación de un territorio fuera de la región continental argentina como una
medida de persuasión para evitar la última ratio ante un enemigo potencial?
Esta última pregunta pareciera que tiene su respuesta negativa en el mismo proyecto cuando
se establece que la Defensa Nacional abarca el territorio continental, las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur, los demás territorios insulares, el espacio aéreo, el espacio marítimo
y el sector antártico argentino.
El segundo párrafo del artículo 2º del proyecto define lo que debe entenderse por Defensa
Nacional al expresar: “Tiene por finalidad garantizar, de modo permanente, la soberanía e independencia
de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación;
proteger la vida y la libertad de sus habitantes”. Esta norma tiene su antecedente en la legislación
española; pero no en la ley de defensa sino en la constitución de 1978, aunque con una diferencia,
pues la constitución española atribuye a las Fuerzas Armadas de ese país la misión que nuestro
proyecto otorga a la Defensa Nacional. En el texto del proyecto tampoco figura la unidad, la
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1987-1988