Ley de Defensa Nacional - Ministerio de Defensa

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28 y 29 de diciembre de 1987
que es una preocupación constante de las fuerzas políticas allí representadas, desalentar y oponerse
a toda acción, cualquiera fuera su origen, que tienda a provocar o mantener diferencias
entre los sectores civiles y militares.
Los partidos que conforman la Mesa del Consenso reconocen entonces la necesidad de contar
con el instrumento jurídico necesario para proveer a la defensa común, recalcando que el
poder militar debe estar subordinado a la decisión y comando del poder político de la Nación
conforme a lo establecido en el artículo 86 incisos 15 al 17 de la Constitución Nacional, pero asi
mismo enfatizan la necesidad de mantener la unidad de los sectores civiles y para la consecución
de tan altos objetivos.
Volviendo al comienzo de mi exposicón, debo señalar que no percibo en el espíritu del proyecto
que estamos considerando la voluntad manifiesta de estructurar un sistema de defensa
en el que prejuicios engendrados por nuestro pasado reciente no sean factores determinantes.
Advierto, además, en él, contradicciones notorias con disposiciones constitucionales, aunque
paso por alto la discutible y cuestionable afirmación de que existen diferencias fundamentales
entre lo que significa la Defensa Nacional y la seguridad interior.
Por otra parte, en lo que se refiere a una sólida integración de las Fuerzas Armadas, advierto
que el esquema de defensa ofrece poca predisposición para aquellos fines. No puede pensar que
exista el propósito manifiesto de mantener una débil integración, que no conviene para nada a
los intereses de la Nación. Más bien me inclino a atribuir el hecho a los que podríamos denominar
condicionantes de nuestra historia reciente, que como todos sabemos ha estado signada más
por los desencuentros que por las conjunciones. En ese sentido, es verdad que el legislador debe
tener presente el pasado al concretar normas jurídicas, pero no puede legislar teniendo en cuenta
solamente ese pasa do.
En el artículo 2º se parte de un error conceptual, cual es el de suponer que la Defensa Nacional
se circunscribe a aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas en forma
disuasiva o efectiva para enfrentar las agresiones de origen externo. A mi juicio, aquí surgen dos limitaciones
fundamentales en lo que se refiere a un cabal y completo concepto de Defensa Nacional.
La primera es la que atribuye a la Defensa Nacional sólo el alcance de la acción frente a la agresión
concreta, dejando de lado los múltiples componentes que antes, durante y después del conflicto
intervienen en este campo y exceden lo puramente militar. La segunda limitación es la que considera
que únicamente las agresiones externas —sin precisar cuál puede ser su origen, naturaleza y
alcance— ponen en marcha los mecanismos de la Defensa Nacional. Entre los valores a proteger se
cita, por ejemplo, la integridad territorial. Al respecto yo pregunto si no sería una agresión externa
la constitución de un enclave conflictivo alentado por potencias extrañas, pero protagonizado por
habitantes de nuestro suelo que disputan al Estado el monopolio de la fuerza, que amenazaría nuestro
orden institucional y pondría en peligro nuestra integridad territorial. Formulo esta reflexión
respecto a lo que podríamos denominar un enclave subversivo, porque la historia registra hechos
relativamente recientes de sucesos de ese tipo acaecidos en nuestra América y en el mundo.
Se trata de enclaves subversivos que no han sido movidos por factores ideólogicos ni motivados
por agresiones de tipo político, aunque sí por ambición pura y simplemente territoriales.
Traigo aquí el ejemplo de lo que significó un enclave subversivo, cuando hago alusión al estado
de Texas y a su posterior incorporación a los Estados Unidos. Todos saben que Texas se independizó
alentada por Estados Unidos, quien luego la anexó para formar parte de esa nación,
separándola así de su anterior dueño legítimo: los Estados Unidos Mexicanos.
Puedo agregar otros ejemplos de este tipo de enclaves subversivos alentados por potencias
extranjeras que simplemente ambicionaban más posesión territorial. Tal es el caso del estado de
Acre, hoy perteneciente a la República Federativa del Brasil, que antes formaba parte del territorio
boliviano. Aquel estado fue alentado en su independencia por la diplomacia brasileña para
luego ser incorporado como un estado más de ese país.