Ley de Defensa Nacional - Ministerio de Defensa

32a. reunión - continuación 10a. sesión extraordinaria
Dado el deseo de esta Cámara de agotar el debate en general para entrar en la consideración
en particular, trataré de ser muy concreto y breve.
(Lee) “Nadie ignora que el proyecto de ley de defensa venido en revisión para su consideración
por este cuerpo ha sido largamente debatido durante toda su tramitación parlamentaria,
y ha seguido las alternativas de la contradictoria política que en materia militar llevó a cabo el
gobierno actual desde su instalación en el poder. Tal vez por eso, en estos cuatro años que lleva el
régimen constitucional en el país, el proyecto que nos ocupa no ha logrado la sanción legislativa.
Eso ha contribuido a que las instituciones tuviesen en mora respecto de la solución definitiva
de lo que ha dado en llamarse la cuestión militar. No se han establecido en su momento reglas de
juego claras para la definitiva inserción de nuestras Fuerzas Armadas en hacer nacional; no se han
definido las hipótesis de conflicto, imprescindibles para cualquier planeamiento militar; no se
han medido las consecuencias de la anticipada renuncia al uso de la fuerza por parte de nuestro
país ante la eventualidad de un conflicto. En consecuencia, el tema militar ha vegetado, huérfano
de la consideración legislativa, no obstante las periódicas muestras de intranquilidad que se han
advertido en filas de las fuerzas y de las cuales los sucesos de Semana Santa de 1987 y los de Monte
Caseros han sido las manifestaciones más explosivas.
La reciente Mesa del Consenso Democrático abordó el tema de la Defensa Nacional en una
comisión especial y llegó a emitir un comunicado que por su generalidad contó con el asentimiento
de la casi totalidad de los partidos representados. Pero allí se aclaró que ese acuerdo no
significaba adhesión al proyecto de ley de defensa que habían convenido los partidos mayoritarios.
Más aún, el proyecto quedó tal cual estuvo redactado antes de la Mesa del Consenso y
no obstante que la mayor parte de los partidos representados en ella objetó no sólo su filosofía
general sino varias de sus cláusulas fundamentales.
El tema especial que define la orientación del proyecto es la limitación de la acción de las
Fuerzas Armadas a las agresiones de origen externo.
Respecto a esto los teóricos del problema imbuidos más de una ideología anacrónica que de
una bibliografía actualizada han querido distinguir la Defensa Nacional de la seguridad interior
como si fuesen materias esencialmente distintas que no contribuyen entre sí a la fortaleza única
de la Nación.
Desconocen también esos teóricos que la guerra moderna ha alterado las reglas clásicas de
los combates y que hoy se libran fronteras adentro de numerosos países conflictos armados de
indiscutible origen exterior. ¿Que fue sino entre nosotros el Ejército Revolucionario del Pueblo
que, aunque operando en el país y con argentinos en sus filas, obedecía a una estrategia elaborada
a miles de kilómetros de nuestra patria? ¿Cómo se puede pretender combatir a ese ejército irregular
apelando a los escasos recursos de las fuerzas policiales preparadas profesionalmente para
otro tipo de lucha contra el delito?
¿Y qué pasaría en el futuro, pregunto, señor presidente, si ante una nueva manifestación de
violencia guerrillera tuviesen que reunirse los poderes del Estado para debatir si se trata de una
agresión externa o interna, a efectos de poder resolver recién entonces si se movilizan o no las
Fuerzas Armadas?
Por eso, señor presidente, no existe para ninguna duda de que sancionar la ley de defensa tal
cual se encuentra redactada implica hipotecar el futuro de la Nación, posponiendo definiciones
que pueden llegar tarde en el momento en que golpee una eventual agresión. Las Fuerzas, en el
instante en que el poder político lo considere necesario, sin poder obligarlo por imperio de la ley
a que tenga que discutir —quizá tan largamente como nosotros ahora— la naturaleza de la agresión.
El sistema propuesto es poco práctico y podría llegar a ocasionar en su momento un grave
estado de indefensión para la Nación.
Pero además de estos argumentos que surgen del más elemental sentido común, la propia
Constitución Nacional ha resuelto el tema con proverbial sabiduría. Dice en efecto el artículo 86,
345
1987-1988