Ley de Defensa Nacional - Ministerio de Defensa

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28 y 29 de diciembre de 1987
Voy a leer textualmente la invocación final del capítulo citado que —reitero— tiene un valor
testimonial, porque manifiesta cómo deben considerarse los problemas trascendentes del país
fuera de la contingencia y de las dificultades que puede llegar a tener un gobierno. Dice así: “Se
impone intensificar, por otra parte, la identificación de las Fuerzas Armadas con el pueblo de que
forman parte y consolidar definitivamente la participación militar en el esfuerzo de la Nación entera
por asegurar el imperio del derecho y la democracia como marco indispensable del progreso
económico y social. Es menester que las Fuerzas Armadas sean parte indisoluble del país en su
marcha hacia la emancipación económica y el bienestar social”.
A mi juicio, es con este tipo de propuesta de integración que el país podrá aventar para siempre
el fantasma de los golpes de Estado y no con marginamientos o relegamientos como los que
contiene el texto que estamos considerando.
Voy a referirme a dos aspectos, que estimo centrales, relativos a este proyecto de ley de defensa.
El primero de ellos se relaciona con la eficacia —texto en cuestión— para fortalecer la
capacidad de defensa de la Nación. El segundo —en el que impera evidentemente una gran
confusión a pesar de las invocaciones que se hacen— se vincula con la inserción de las Fuerzas
Armadas en la sociedad.
Con referencia al primero de los puntos que señalé, el proyecto en consideración está elaborado
sobre la base de fracturar la unidad que tiene el concepto de defensa en el mundo moderno.
Esto se concreta por medio de algo que ha sido reiteradas veces señalado —para apoyarlo o criticarlo—
cual es —a mi juicio— esa artificial separación entre agresión externa y conflicto interno.
En el ámbito de la guerra moderna se ha alcanzado una alta sofisticación no sólo en lo referente
al material y a la tecnología militar, sino también en el campo más complejo de la utilización
de los medios. Esto hace que una agresión externa pueda aparecer encubierta como
un conflicto interno. Ningún Estado puede autolimitarse en una materia tan delicada ni puede
legislar sobre cuestiones de defensa con prejuicios y cargas del pasado. El hecho de que agresores
externos puedan aparecer encubiertos en conflictos internos se soslaya en toda la arquitectura del
proyecto. Desde luego, esto se manifiesta en el aspecto relacionado directamente con la Defensa,
como asimismo en el problema de la inteligencia, tema por cierto muy sensible para todos los
argentinos pero que también debe abordarse sin prejuicios.
El proyecto contiene una expresa exclusión de los temas de inteligencia interna respecto de
los organismos de las Fuerzas Armadas, coherente con un error conceptual que separa —reitero—
lo que es inseparable en la realidad.
Por lo tanto, con este esquema, de ninguna manera podría darse una respuesta satisfactoria
a los casos de contraespionaje, que generalmente se relacionan con agentes que pueden ser ciudadanos
argentinos. En este caso, los organismos competentes de las Fuerzas Armadas estarían
obligados a llamar a la seccional de policía del barrio, porque de acuerdo con este proyecto erróneamente
limitativo no están habilitados para actuar. Y no sólo este supuesto de agresión externa
invalida la fractura del concepto de defensa, ya que también, cuando un grupo armado pretende
despojar al Estado del monopolio del ejercicio del derecho de defensa —tal como ha ocurrido—
se deben arbitrar todos los medios legales existentes para que aquél pueda defenderse.
Como se ha dicho en reiteradas oportunida des, ésta es justamente la hipótesis de conflicto
más probable. En consecuencia, también tiene que estar contemplada la posibilidad de que reaparezcan
grupos armados que intenten despojar al Estado del monopolio del uso de la fuerza.
Por otra parte, la separación que he mencionado es contraria a la Constitución, que en su artículo
21 establece lo siguiente: “Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa
de la Patria y de esta Constitución”. Este artículo debe interpretarse de manera coherente con
el Preámbulo, cuando hace referencia a “proveer a la defensa común” y “consolidar la paz interior”.
El Preámbulo de la Constitución también sirve para interpretar el articulado; no es sólo un
elemento para utilizar en los discursos electorales.