Ley de Defensa Nacional - Ministerio de Defensa

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28 y 29 de diciembre de 1987
seguridad nacional. Posiblemente no se emplea el término “seguridad” por el pavor que sienten
ante esta palabra los autores del proyecto.
En el artículo 4º se establece que para dilucidar las cuestiones atinentes a la Defensa Nacional
se deberá tener en cuenta, permanentemente, la diferencia fundamental que existe entre la
Defensa Nacional y la seguridad interior. Esto tiene su antecedente en el proyecto justicialista de
1985, pero presenta una gran diferencia —más allá de las coincidencias o discrepancias que se
pueda tener con respecto a dicha iniciativa— ya que aquél definía lo que debía entenderse por
seguridad interior mientras que éste nada dice al respecto. En consecuencia, no habrá un criterio
para hacer permanentemente la diferencia que exige el precepto legal.
Si bien podría continuar con el análisis del proyecto, como ya se ha dicho mucho en este
recinto, me voy a limitar a enunciar algunos aspectos significativos.
No se precisa con claridad cuál es el alcance de la expresión “agresión de origen externo”. Por
otra parte, con respecto a la integración del Consejo de Defensa Nacional es discutible la inclusión
del vicepresidente de la República y ministros del Poder Ejecutivo, cuando según nuestro
criterio serían suficientes los ministros de Relaciones Exteriores y Culto, de Defensa, del Interior
y de Economía. Además, el Consejo estaría integrado por los presidentes de las comisiones de
Defensa del Senado y de la Cámara de Diputados, por un representante de la mayoría y de la
minoría integrante de dichas comisiones y por cualquier persona que pueda prestar algún aporte
útil a ese organismo. Quedan eliminados el Jefe del Estado Mayor Conjunto y los jefes de los
Estados Mayores Generales de Ejército, Marina y Aeronáutica, que sólo podrán concurrir si el señor
ministro de Defensa lo considera necesario o cuando el presidente de la República los invite
por considerar oportuna su presencia.
Se omite la facultad constitucional que tiene el presidente de la Nación conforme a lo establecido
en el inciso 17 del artículo 86 de nuestra Constitución. Si el argumento que se esgrime sobre
esto es que se trata de algo que ya figura en la Carta Magna, no resiste el menor análisis; porque
en los artículos 26 y 29 del proyecto se hace expresa referencia a artículos de la Constitución
Nacional. Pero si el argumento es que con esta omisión se impide que las Fuerzas Armadas se
puedan alzar en armas contra los poderes constituidos, creo que es un razonamiento pueril, porque
si se pueden alzar contra lo fundamental, que es la Constitución Nacional, con más razón
podrán hacerlo contra un artículo de la ley de defensa.
La política de Defensa Nacional es de competencia del Poder Ejecutivo; en el presidente de la
Nación recae la responsabilidad de su resolución. El sistema de defensa implementa y ejecuta esta
política, a la inversa de lo que establece el respectivo artículo del proyecto.
El artículo 8°, que se refiere a la finalidad de la Defensa, debe ser a nuestro juicio enunciativo
y no taxativo.
Pareciera que el proyecto prevé la constitución de un comité de guerra, al establecer en el
artículo 19 que “el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas será el órgano de trabajo
del comité de guerra”. Sin embargo, no se dice quiénes lo integran ni cuáles serán sus funciones
específicas. De acuerdo con nuestro criterio, el comité de guerra debe tener existencia desde la
paz para la elaboración de la estrategia general, por lo que es aconsejable la inclusión de los jefes
militares en el Consejo de Defensa Nacional.
La dependencia directa e inmediata de los titulares de los comandos operacionales del presidente
de la República puede crear en la práctica inconvenientes en la aplicación de medidas
urgentes impuestas por las necesidades de la guerra.
Para finalizar, si el propósito de este proyecto es alentar el espirítu de unidad nacional con
la reinserción de las Fuerzas Armadas en la sociedad argentina, reinserción que por derecho les
corresponde, nosotros, como legisladores, debemos proceder con amplitud de miras observando
hacia el futuro, despojándonos de escrúpulos y prejuicios coyunturales y teniendo en cuenta el
rol permanente de las instituciones fundamentales de la Nación a la luz del bien común general.