Ley de Defensa Nacional - Ministerio de Defensa

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7 de abril de 1988
Además, creo que, con una mano en el pecho, cualquiera de nosotros que se ponga a pensar
en esta situación sabrá que a nadie se le puede ocurrir que vayamos a ir con las fuerzas de seguridad
a reprimir la agresión militar. Diría que es, casi, un principio de lógica en todo esto.
Les decía recién que este tratamiento por separado de la seguridad nacional —en relación a la
Defensa Nacional— es el que se da en los países más desarrollados de Occidente.
Veamos el caso de España, ya que nuestra ley tiene mucho de parecido con la de ese país.
Incluso, podemos decir que aquella ley de defensa constituye, de alguna manera, la fuente inspiradora
del primer proyecto que enviara el Poder Ejecutivo.
La Ley Orgánica de Principios Básicos de la Defensa Nacional y la Organización Militar, que
es la número 6 de 1980, de España, dice en su artículo 2º que “la Defensa Nacional es la disposición,
integración y acción coordinada de todas las energías y fuerzas morales y materiales de la
Nación, ante cualquier forma de agresión, debiendo todos los españoles participar en el logro de
tal fin. Tiene por finalidad garantizar de modo permanente la unidad, soberanía e independencia
de España, su integridad territorial y el ordenamiento constitucional, protegiendo la vida de la
población y los intereses de la patria en el marco dispuesto por el artículo 97 de la Constitución”.
Vemos así que la Defensa Nacional requiere agresión y que tiene finalidades muy concretas. En
cuanto a la especificación del origen de la agresión, ésta fue una de las objeciones que se formuló,
inclusive en la Mesa del Consenso, es decir, por qué si la ley española no habla de agresión externa
nosotros sí lo hacemos; es porque en Europa —y esta es una respuesta a la gente que de
buena fe lo preguntó— el término agresión tiene un significado concreto, que es el que asigna
el derecho internacional en la resolución 3.314 de la XXIX Asamblea de la Organización de las
Naciones Unidas en su artículo 3º, y que comprende diversos supuestos de agresión exclusivamente
externa.
Existe clara conciencia en la legislación española de la distinción entre Defensa Nacional
y seguridad interior. Esto surge de la propia ley, Título VI, al contemplar para el Cuerpo de la
Guardia Civil, fuerza de seguridad militarizada, una doble dependencia funcional del Ministerio
de Defensa, a los efectos del cumplimiento de las misiones de carácter militar que por naturaleza,
se le encomienden, y del ministro del Interior en el desempeño de las funciones relativas al orden
y a la seguridad públicos. Como vemos, dependen de dos ministerios; está claramente señalada
la distinción.
Pero la diferencia entre Defensa Nacional y seguridad interior puede apreciarse con mucha
más claridad si observamos que en España, a la ya referida ley de Defensa Nacional y organización
militar, se contrapone la de seguridad y vigilancia. En ella se establece que los Cuerpos de
Seguridad del Estado —el cuerpo superior de Policía y el Cuerpo de la Policía Nacional, como
integrantes de la Policía y de la Guardia Civil— tendrán como misión defender el ordenamiento
constitucional, proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad
ciudadana.
En el artículo 2º de esta ley se describen las funciones de los Cuerpos de Seguridad del Estado,
que no son otras que mantener y restablecer el orden público, garantizar el ejercicio de derechos
y libertades, prevenir el delito, prestar auxilio en casos de catástrofe, etcétera.
Por último, en el artículo 3º de la ley, establece, como decíamos, que es el ministro del Interior
el que ostenta el mando superior de los Cuerpos de Seguridad del Estado.
A raíz del recrudecimiento de las actividades terroristas en España, en 1984 se sancionó la
ley orgánica número 9/84, sobre medidas contra la actuación de bandas armadas y actividades
terroristas o rebeldes, tipificando ampliamente los delitos, estableciendo penas y fijando normas
procesales.
Sr. Berhongaray.—Veamos ahora lo que ocurre en Francia.
La organización de la defensa se basa en la resolución número 59.147 de 1959. En el Título
I se establecen las disposiciones generales, definiendo que la defensa tiene por objeto, en todo