Ley de Defensa Nacional - Ministerio de Defensa

32a. reunión - continuación 10a. sesión extraordinaria
fundamentalmente por una razón que hace a las necesidades de la política internacional permanente
en nuestro país.
Se dice aquí que: “La Defensa Nacional abarca los espacios continentales, islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y además espacios insulares, marítimos y aéreos de la
República Argentina, así como el Sector Antártico Argentino…”
Hasta aquí estamos de acuerdo, pero sigue diciendo el artículo “…con los alcances asignados
por las normas internacionales y los tratados suscritos o a suscribir por la Nación…” Con este
párrafo estoy totalmente en desacuerdo. Porque no son las normas internacionales y los tratados
que puedan suscribirse los que deben marcar el ámbito de aplicación de la ley de Defensa Nacional.
Me permito recordar que hay una institución de derecho internacional denominada “estoppel”,
según la cual cuando un país cede o expresa posiciones que después pueden resultarle
perjudiciales, no puede volver atrás.
No podemos decir que el alcance de la ley de defensa se da en todos nuestros territorios, pero
de acuerdo con las normas internacionales. Éstas constituyen la ley internacional a la que unas
veces contribuimos y otras no, pero que se impone a la comunidad internacional por decisión de
las Naciones Unidas o por coincidencia de las potencias.
Sr. Berhongaray.—¿Me permite una pequeña interrupción, señor senador?
Sr. Martiarena.—Sí, señor senador.
Sr. Berhongaray.—La referencia en este artículo a los tratados y las normas internacionales
se limita exclusivamente al Sector Antártico.
Sr. Martiarena.—Precisamente, me iba a referir a ese tema.
Existe el Tratado Antártico que habla de un lapso determinado y no indefinido, como alguna
gente quiere hacer creer defendiendo intereses que no son los nacionales. El Tratado Antártico,
en cuanto reserva la Antártida en general colocando como prioridad la investigación científica,
no ha significado, ni significa, ni deberá significar de manera alguna una renuncia de los derechos
de soberanía sobre el sector que tiene establecido.
Sr. Berhongaray.—No dice eso.
Sr. Martiarena.—No lo dice, pero formulo la aclaración.
Y cuando se reúnan nuevamente los países signatarios y los invitados —se pretende que sean
todos los países del mundo— para resolver qué va a pasar respecto de la Antártida, nosotros no
podremos aceptar un tratado que desdibuje o que elimine el Sector Antártico Argentino por otras
consideraciones distintas de las que nos interesan, que son las de mantener nuestra soberanía.
De manera que la expresión genérica de decir que el ámbito de aplicación de esta ley será la
de todo su territorio con los alcances asignados por normas internacionales es equívoca y puede
constituir un caso de “estoppel”. Y si, como en algunos casos, se encuentra en una ley sancionada
por el Congreso argentino, puede decirse que nosotros decidimos sujetar la extensión de los territorios
nacionales a lo que se establezca en los tratados internacionales.
Los tratados internacionales no tienen para nosotros la preeminencia de la Constitución
Nacional y de las leyes de la Nación. Recuerdo que el artículo 31 de la Carta Magna fija el orden
de prioridad; establece: “Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia
se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la
Nación…”
Este orden de prioridad ha sido recogido por la ley 48 que todavía subsiste y está vigente.
Su artículo 21 dispone: “Los tribunales y jueces nacionales en el ejercicio de sus funciones procederán
aplicando la Constitución como ley suprema de la Nación, las que haya sancionado o
sancione el Congreso, los tratados con naciones extranjeras, las leyes particulares de las provincias,
las leyes generales que han regido anteriormente a la Nación y los principios del derecho
de gentes…” Es decir que establece los principios del derecho de gentes en el último lugar de su
enunciación.
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1987-1988