Ley de Defensa Nacional - Ministerio de Defensa

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8 de abril de 1988
También hemos definido la ley de creación de un sistema nacional de información e inteligencia.
Desde muy antiguo es conocida la importancia decisiva de estar bien informados para
actuar con eficacia en las situaciones de conflicto.
Es necesario que este sistema nacional asegure una información oportuna y ajustada y, por
otra parte, que los sistemas de control de sus estructuras impidan maniobras delictuosas como
aquellas en las que se han visto involucrados recientemente funcionarios de estos organismos. A
tales efectos de control resulta pertinente la intervención del Poder Legislativo como ya lo expresamos
y adelantamos.
Hemos definido asimismo la necesidad de una ley de secreto de Estado, que debe procurar el
adecuado equilibrio entre la norma republicana de publicidad de los actos de gobierno y la preservación
del secreto que, de ser conocido por los adversarios potenciales o reales de la Nación,
podría hacer peligrar su defensa.
Como expresamos anteriormente, lo referente a la legislación futura sobre Defensa Nacional
figura en el presente proyecto en los artículos 45 y 46 del Título VIII llamado “Disposiciones
transitorias”.
Volviendo al artículo 15, en él se establece el régimen de los organismos de inteligencia, que
funcionará hasta tanto se sancione la legislación correspondiente, de acuerdo con lo que se establece
en los artículos 46 y 47.
En los artículos 16 a 19, inclusive, se establecen las atribuciones del Estado Mayor Conjunto,
que funcionará además como órgano de trabajo del Comité de Crisis.
En el Título IV, sobre organización de las Fuerzas Armadas, se establecen elementos para su
actual desenvolvimiento, hasta tanto se concrete su reorganización de acuerdo con lo previsto en
los artículos 45 y 46.
Otro tanto se establece en el Título V, sobre servicio de Defensa Nacional y en el Título VI sobre
organización territorial y movilización, que prevén disposiciones para su actual, hasta tanto
se sancione legislación futura.
El Título VII se refiere a “Disposiciones generales”, modificatorias de la legislación hasta hoy
en vigencia.
El Título VIII, como ya lo manifestamos, corresponde a las disposiciones transitorias.
En el anterior proyecto compatibilizado se había establecido, en su artículo 36, que debían
contar con la aprobación del Congreso todos los tratados acuerdos o convenios de carácter militar
o de inteligencia.
Considerábamos a este respecto que la constante y prolongada presencia de gobiernos de facto
que signó la vida argentina en los últimos años, dejó entre sus muchos saldos negativos la existencia
de vínculos militares con potencias extranjeras que, al no haber sido aprobados por el Congreso de
la Nación, carecen en verdad de efectiva validez jurídica y pueden comprometer la independencia
nacional. De allí este artículo que proponía abolir en forma genérita esta irregularidad.
Posteriormente, y por expresa manifestación del Ministerio de Defensa, se lo eliminó por
considerar que la presencia del mismo en grado sumo dificultaba cualquier tipo de vinculación
comercial o tecnológica, que nuestro país necesita establecer para potenciar nuestra producción
para la defensa. Se consideró entonces que la presencia de legisladores de ambas Cámaras en el
Consejo de Defensa Nacional daría al Congreso un grado de participación en este tipo de vínculos
se optó por no interponer ninguna traba al desarrollo de nuestras industrias para defensa, lo
que estimamos de relevante necesidad.
Señor presidente: Como expresamos inicialmente, el proyecto que hoy nos ocupa ha tenido
prolongado trámite de casi tres años. En octubre de 1986 se llegó un proyecto compatibilizado
en marco de la Comisión de Defensa Nacional del Senado, en la que trabajamos con el senador
Berhongaray, otros señores senadores de los distintos bloques, y con la participación del Ministerio
de Defensa.