Ley de Defensa Nacional - Ministerio de Defensa

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28 y 29 de diciembre de 1987
o a estas teorías del foquismo.
Con lo expuesto, creo haber fundado las razones de nuestra oposición a la inclusión de hipótesis
de conflicto interno en el texto de la ley de Defensa Nacional.
Al principio de mi exposición señalé que otro de los pilares o de las bases, fundamentales del
proyecto estaba constituido por la subordinación del poder militar a los poderes de la Constitución.
En relación con esta cuestión tan importante, un autor dedicado durante largo tiempo al tema,
Louis Smith, en su obra La democracia y el poder militar, afirmaba que este aspecto constituye un
problema en el arte de gobernar y que de su solución afortunada dependerán el bienestar del pueblo
y la supervivencia del Estado. Es que a veces —como afirma Galbraith— estas grandes corporaciones,
estos grandes aparatos que disponen no sólo de armamentos sino también de poder económico,
hacen que se torne difícil su subordinación a los poderes de la Constitución.
Sabemos que esta subordinación se halla establecida en la Constitución Nacional, pero era
necesario precisarla en una ley de Defensa Nacional que determinara con exactitud las facultades
del presidente de la Nación, del ministro de Defensa y de los jefes del Estado Mayor Conjunto y
los Estados Mayores de cada arma. De esta manera, evitaremos aquellas interpretaciones equivocas
que han llevado al país a cometer gruesos errores, tal como sucedió en épocas no muy lejanas.
Así, el artículo 10º del proyecto establece que compete al presidente de la Nación la dirección
de la Defensa Nacional y la conducción de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, el artículo 28 señala
que el presidente de la Nación, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, conduce la
guerra en el nivel estratégico militar, dependiendo directamente de él los titulares de los comandos
estratégicos operacionales. Además, de acuerdo con lo normado por el artículo 17 del proyecto, el
presidente de la Nación es quien dispone las pautas para la realización, por parte del Estado Mayor
Conjunto, del planeamiento estratégico militar, que es de fundamental importancia, por cuanto de
él derivan la dimensión, la composición y el despliegue de las Fuerzas Armadas.
El artículo 12 establece que las hipótesis de conflicto y de guerra también serán determinadas
por el presidente de la República, con el asesoramiento del Consejo de Defensa Nacional. Por
otra parte, en el artículo 11, del proyecto de ley que consideramos, se establece que el ministro
de Defensa ejercerá la dirección, ordenamiento y coordinación de las actividades propias de la
defensa que no se reserve o realice directamente el presidente de la Nación.
En el artículo 23 se estipula que los jefes de Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas
dependen orgánicamente del ministro de Defensa por delegación del comandante en jefe de las
Fuerzas Armadas.
En cuanto a la inteligencia militar, se establece en el artículo 15 que será producida por un
organismo único que dependerá en forma directa e inmediata del ministro de Defensa.
Por último, en el artículo 30 del proyecto que está considerando la Honorable Cámara se
especifica que la declaración de zonas militares queda reservada al presidente de la Nación, con
apro bación previa o ratificación posterior del Congreso de la Nación, según los casos.
Uno de los aspectos fundamentales que conforman esta iniciativa se refiere a la implementación
del accionar militar conjunto. A esta altura de los acontecimientos nadie duda de que dicho
accionar constituye una de las cuestiones de vital importancia en el desarrollo del concepto moderno
de defensa. Cuando cada fuerza actúa como una isla o como un compartimiento estanco;
cuando cree que es autosuficiente desde el punto de vista operacional o logístico, la consecuencia
es inevitable: la ineficacia operativa en el momento de enfrentar una contienda bélica.
De lo expuesto recogimos una desgraciada experiencia cuando se produjo el conflicto de las
Malvinas; bien se dijo que no se libró una guerra sino tres: una estuvo a cargo del Ejército, otra
fue protagonizada por la Armada y, la última, correspondió a la Fuerza Aérea. La fortuna de haber
tenido una paz duradera nos había hecho olvidar cuáles eran los principios y los beneficios de un
accionar militar conjunto. Esto hoy constituye una prioridad para todas las Fuerzas Armadas modernas
del mundo.