Ley de Defensa Nacional - Ministerio de Defensa

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28 y 29 de diciembre de 1987
La disuasión es una variable de la estrategia contemporánea; es una intimidación suficiente.
Es la resolución que se logra mediante una amenaza; es inducir a no hacer una cosa, en beneficio
de las operaciones.
Ahora bien, ¿cuáles son los medios que normalmente puede utilizar un país que está en peligro?
Pueden ser su gran estructura territorial, con un gran sistema de defensa civil, o bien un
fuerte poderío bélico con demostraciones de poder aéreo y con armas de alto poder destructivo
y gran alcance o con armas nucleares.
Creo que ninguno de estos requisitos se cumple en nuestro caso, con lo cual es lógico pensar
que no aplicaremos esa política de disuasión.
Disuasión existe en el mundo, en el equilibrio entre los Estados Unidos y la Unión Soviética,
que muchos han llamado el equilibrio del terror.
Por ello es que creo que, en ese artículo, debe suprimirse la referencia a las formas disuasivas,
o efectivas y reemplazarla por un párrafo que mencione a las fuerzas que orgánicamente estructuradas
posibiliten su empleo operacional.
En la estructura del sistema de defensa se hace referencia a la conducción de las Fuerzas
Armadas. No existe ninguna duda con respecto a que el presidente de la República es el jefe
supremo de las Fuerzas Armadas y, por supuesto, el responsable de la determinación de la resolución
estratégica. Sin embargo, no creo que sea prudente establecer dentro de la estructura del
sistema de defensa que es el presidente el que dirige o tiene la responsabilidad de la conducción
militar, asesorado por un Comité de Crisis. La resolución estratégica es político-militar, pero
la conducción de las fuerzas es una tarea esencialmente operativa, que impone el ejercicio del
mando por intermedio del planeamiento, del conocimiento de la estructura que se va a dirigir y
de la naturaleza del armamento de que se dispone.
Con respecto al Consejo de Defensa Nacional —el CODENA— se trata de un organismo
necesario, ya que ha sido suprimido el comité militar, pero no es posible que participe el Poder
Legislativo dentro de un Consejo destinado a trabajar en el drama de la guerra. E1 Poder
Legislativo tiene como función refrendar y disponer otras medidas también vinculadas con la
guerra, pero no puede dedicarse a la conducción de la guerra misma. Por supuesto, tampoco es
posible aceptar que los jefes de Estado Mayor sean acompañantes del ministro de Defensa. Ellos
deben ser miembros de número del Consejo de Defensa Nacional, porque conocen el aspecto
puramente profesional de la conducción de la guerra. Asimismo, este proyecto de ley trata en
forma absolutamente superficial el planeamiento.
En lo que atañe a la organización de las fuerzas, únicamente en los artículos 23 y 24 se hace
referencia a los jefes del Estado Mayor. Sería conveniente que en una ley de defensa se rescatase
el nombre de comandantes para los jefes de Estado Mayor. No hablo de comandantes en jefe,
pero sí de comandantes generales. En las fuerzas normalmente el mando se ejercita a través de
jefaturas o comandos. Son los jefes o los comandantes quienes ejercen el mando efectivo de las
operaciones. Por ello este proyecto debería haber considerado la posibilidad de nombrar a los
jefes de Estado Mayor como comandantes generales de la Fuerza.
En lo que atañe a la organización territorial y a la movilización, se hace referencia al teatro
de operaciones y la necesidad de que subsistan las autoridades constitucionales. Comparto esta
idea, pero es necesario establecer un acuerdo entre el comandante del teatro de operaciones y las
autoridades constitucionales para facilitar el desarrollo de las operaciones. También parece ser
que la ley ha omitido las disposiciones para el comandante de las zonas ocupadas en el exterior.
En lo que respecta al concepto de defensa civil, el proyecto que estamos analizando es totalmente
anticuado. En esta materia los países modernos incluyen, por sobre todas las cosas, la
protección de la población y de la industria, las actividades de rescate y recuperación, el entrenamiento
y el sostenimiento del gobierno constitutional. No debemos olvidar que, normalmente,
en la defensa civil participa entre el 5 y el 15 por ciento de la población, razón por la cual se torna