Ley de Defensa Nacional - Ministerio de Defensa

Mensaje presidencial • Dr. Raúl R. Alfonsín
socio-ocupacional, promover su formación cívica y desarrollar aún más su espíritu solidario.
Estamos seguros de que con su esfuerzo generoso y su imaginación creadora podremos modificar
muchas de las condiciones que determinan hoy el drama de la extrema pobreza y superaremos
las acechanzas de un consumismo despersonalizador para gestar la Argentina solidaria.
La mujer, que con tanta fuerza demuestra su vocación protagónica, encontrará en nuestra
acción de gobierno cauce para sus inquietudes, canales de participación y servicios de apoyo y
orientación. Nos preocupan particularmente los problemas que afectan a las madres que trabajan,
a la mujer migrante, a la madre cabeza de familia y a la que sufre las consecuencias de situaciones
de abandono, dependencia y marginación.
La tercera edad merece la atención prioritaria del Estado. Las medidas de carácter previsional
—que aseguren la dignidad de la vida para cada anciano— deben ser acompañadas de una
acción preventiva y promocional del Estado y el conjunto de la comunidad, tendiente a brindar
a la tercera edad la acogida y el reconocimiento de su rol activo en el medio social.
La situación de las personas discapacitadas y los servicios que requiere su atención integral,
habrán de ser un objetivo claro de nuestro gobierno en sus aspectos educativos, laborales, de
rehabilitación y de inserción social. Si bien toda la comunidad debe compartir la responsabilidad
de contribuir al desarrollo humano integral de las personas discapacitadas, el Estado no puede
escatimar esfuerzos en este campo.
El deporte será un medio idóneo para lograr niveles más elevados de salud y educación.
Será una herramienta más en la tarea de construir una sociedad para la paz. No queremos
un país de espectadores sino de actores. La actividad deportiva es, ante todo, estimulante para
la participación ciudadana y, en lo específico, pone en marcha valores éticos y morales como la
solidaridad, el orgullo bien entendido, el respeto por el contrincante y la autoridad, el temple ante
la adversidad.
La actividad deportiva es un derecho que debe ser ejercido por todos. La labor de la Secretaría
de Deporte apuntará, en forma preferente, a incorporar a la práctica deportiva a aquellos vastos
sectores sociales hasta ahora impedidos de gozar de sus beneficios.
El gobierno procurará desarrollar jornadas deportivas semanalmente, en todos los distritos
del país, en particular con los niños y los sectores de menores recursos; coordinar entre la
Secretaría de Deporte y la Dirección Nacional de Educación Física del Ministerio de Educación la
aplicación de una didáctica dinamizadora de la educación física y los deportes en los tres niveles
educacionales; utilizar al máximo la infraestructura deportiva existente mediante la coordinación
y cooperación del Estado con el sector privado; ampliar las posibilidades de acceso gratuito
a los centros deportivos; estimular la participación de la familia y la tercera edad en los eventos
deportivos; crear un centro de estudios deportivos, desde donde se formulen los programas de
apoyo al deporte y disciplinas afines, y ejercer un estricto control sobre los fondos destinados
para la promoción y desarrollo del deporte amateur y profesional, de modo que se cumplan los
objetivos definidos.
Nuestra concepción de la promoción social es inseparable de la indispensable participación
popular en la solución de los problemas de cada grupo comunitario. Poca ventaja de largo alcance
puede esperarse del mero paternalismo del Estado en el tratamiento de tales problemas,
como tampoco la ofreció en su tiempo la aislada beneficencia privada.
Es necesario estimular el activo compromiso de las organizaciones comunitarias en las cosas
que hay que hacer. Ejemplo de ello habrá de ser el desarrollo del Programa Alimentario Nacional
en la primera etapa de nuestro gobierno.
Dicho programa se orienta a atenuar los efectos de esta tremenda injusticia nacional que es
la carencia de alimentos que sufren algunos sectores de nuestro pueblo. Lo concebimos, por lo
tanto, como un acto de reparación y un derecho de las familias más castigadas, y de ninguna
manera como una acción benéfica. Su cumplimiento resultará una responsabilidad compartida
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1983