Ley de Defensa Nacional - Ministerio de Defensa

32a. reunión - continuación 10a. sesión extraordinaria
de este tipo, sin duda es un iluso. Siempre se pueden repetir porque siempre pueden haber descontentos
con el orden imperante.
Pero no es necesario aprender la lección de principio de año ni recordar la cantidad de veces
que las Fuerzas Armadas defendieron la situación internamente, como por ejemplo lo dispuso el
presidente Yrigoyen en la oportunidad citada en este Senado y como ahora mismo ha ocurrido.
En cuanto a las principales observaciones que deseo formular al articulado en sí, algunas cosas
ya dije sobre ciertas disposiciones. Quiero agregar, también, que participo de las prevenciones
formuladas hace un momento por el señor senador Martiarena en su comentario al artículo 5º
del proyecto, por lo que no abundaré sobre el particular.
Agrego ahora mi cuestionamiento al artículo 8º, puesto que no consagra finalidades, como
dice, sino funciones.
Es objetable también el artículo 14 que dispone la integración del Consejo de Defensa
Nacional.
Pienso que tiene algunas fallas. En primer lugar, la ausencia del Jefe del Estado Mayor
Conjunto y del más alto mando en cada fuerza, como ya señaló el senador Romero Feris.
En segundo lugar, destacamos que hay dos formas clásicas para formar un Consejo de
Defensa: o bien es más reducido, como sucedería si, además del presidente, ocupan lugares los
ministros de Relaciones Exteriores, del Interior y de Defensa, así como jefes militares, o bien está
compuesto por todo el gabinete —como indica el proyecto—, más los militares, pero siempre
con la posibilidad de que el presidente convoque a menos personas, según la naturaleza del tema
y de la reunión.
Estos consejos más restringidos facilitan las reuniones puesto que, en muchos asuntos, no se
precisa gran asistencia, sino la de quienes desempeñan funciones concernientes al asunto de que
se trate.
El esquema de reuniones parciales es típico de la ley 13.234 de 1948 que, en este sentido, tiene
ventaja sobre el proyecto, de acuerdo con lo que acabo de expresar.
Tales son, señor presidente, las diferencias fundamentales que explican nuestra oposición al
proyecto que se considera, sin que de modo alguno discrepemos con la necesidad, naturalmente,
de una ley de defensa.
El país está reclamando un sincero e impostergable reencuentro entre las Fuerzas Armadas
y la civilidad. Creo que muchos esfuerzos se han hecho entre unos y otros, sin duda con sentido
positivo. Si alguna suspicacia o duda quedaba con respecto al compromiso y a la adhesión de las
Fuerzas Armadas al sistema constitucional, creo que los episodios ocurridos en enero demuestran
lo contrario.
Es posible, sin embargo, que existan algunos cuestionamientos en el sentir de muchos de los
integrantes de las Fuerzas Armadas que, quizá, se guarden en la intimidad. Debemos hacerles
tener el convencimiento de que creemos en su leal propósito de preservar el orden constitucional
y de que confiamos en que no habrán de desertar de esta tarea.
Debemos estimular su inserción en la vida nacional, sin ningún retaceo en su actuación
cuando se trate no solamente de la defensa frente a un ataque exterior, sino también cuando en
lo interno peligre la seguridad pública y el presidente de la Nación considere conveniente encomendarles
la defensa del orden constitucional.
Ninguna ley puede limitar las eventuales decisiones del presidente, en su carácter de comandante
en jefe de las Fuerzas Armadas. Ninguna ley tampoco podrá impedir que las Fuerzas Armadas
infrinjan la Constitución, aunque se disponga que no pueden actuar en el ámbito interno.
Lo que impedirá que eso ocurra, lo que impedirá tan lamentable circunstancia, es el convencimiento
de las propias Fuerzas Armadas en la necesaria vigencia de la Ley Suprema, para
lo cual debemos continuar con la tarea que afirme su plena inserción en la vida institucional,
removiendo cualquier circunstancia que pueda aparecer como un obstáculo o una prevención”.
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1987-1988