Ley de Defensa Nacional - Ministerio de Defensa

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29 y 30 de diciembre de 1987
Ello redunda en perjuicio de lo que debe entenderse por Defensa Nacional y del derecho de
estructurar una norma razonable y adecuada para regular esta importante materia.
En el Título II, el artículo 7º expresa que el funcionamiento ordenado del sistema de Defensa
Nacional estará orientado a determinar la política de Defensa Nacional que mejor se ajuste a las
necesidades del país, así como a su permanente actualización. Nosotros consideramos que, en
primer término, se deberá definir cuál es el sistema de Defensa Nacional para que empiece a funcionar
desde el tiempo de paz, dado que la Defensa Nacional es permanente, dinámica, y requiere
previsiones que no pueden ser suplidas por el esfuerzo y la voluntad coyuntural.
Este artículo encierra un grave error porque, como ya lo señaló hace unos instantes una señora
diputada preopinante, el sistema de Defensa Nacional no puede orientar la política de Defensa
Nacional sino que, a la inversa, primero hay que determinar la política de Defensa Nacional, y en
base a ella establecer el sistema. Se debe tener en cuenta que un sistema, en primer lugar, sirve,
básicamente, a un propósito bien acotado y definido; en segundo término, contribuye armónicamente
a ese propósito de orden superior; y en tercer lugar, interactúa equilibradamente con los
sistemas de órdenes equivalentes. Ademas, sus órganos actúan e interactúan con preciso grado de
autonomía y es necesario destacar que deben preverse acciones, reacciones y control.
En el artículo 8º se establecen las finalidades del sistema de Defensa Nacional. En sus incisos
—que llegan hasta el j)— se enuncian, entre otras, las de determinar hipótesis de conflicto, elaborar
las hipótesis de guerra y formular los planes que posibiliten una adecuada preparación de
toda la Nación para el eventual conflicto bélico. Debemos señalar que ninguna de las mencionadas
en ese artículo son finalidades, sino simplemente funciones o tareas. La finalidad del sistema
de Defensa Nacional no puede ser otra más que la de crear una situación propicia para que el país
pueda vivir y crecer en paz.
Por otra parte, creemos que la central de inteligencia —que el proyecto menciona pero no
crea, sin especificar, tampoco, sus funciones a ámbitos de competencia— debe estar integrada
dentro de la estructura del sistema de Defensa Nacional. Sin embargo, no aparece a pesar de ser
mencionada en varios artículos.
Podríamos decir que el artículo 10º es abiertamente contradictorio con el 2º, en el que se trata
de limitar la participación de las Fuerzas Armadas a los conflictos de origen externo. En su primer
párrafo el artículo 10º establece: “Compete al presidente de la Nación en su carácter de jefe
supremo de la misma y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, la dirección de la Defensa
Nacional y la conducción de las Fuerzas Armadas…” —subrayo esto último— “… en los términos
establecidos por la Constitución Nacional”. Y en el inciso 17 del artículo 86 de la Constitución
Nacional se estipula que el presidente de la Nación dispone de las Fuerzas Armadas conforme a
las necesidades de la Nación, sin hacer distinciones entre seguridad exterior y seguridad interior.
Por otra parte, consideramos que el artículo 13 del proyecto directamente debe ser elimina do,
ya que en él se establece el mecanismo de alerta. Este es un aspecto que no debe estar incluido en
el proyecto de ley ya que se trata de un instrumento técnico de carácter reservado que no tiene
que ser conocido por otros países. Asimismo, creemos que el asesoramiento de la conducción
integral política de los conflictos de ninguna manera puede limitarse a este aspecto.
En el artículo 14 se habla de la composición del Consejo de Defensa Nacional. Este es un artículo
que presenta, en su redacción, defectos formales que se advierten con una simple lectura.
Además de su dudosa constitucionalidad, incorpora como miembros estables y permanentes del
Consejo de Defensa Nacional a representantes del Poder Legislativo, lo cual nos lleva a pensar
que está en contra del sistema división de poderes.
De acuerdo con nuestra sistemática institucional, la conducción de la guerra y todo lo atinente
a la materia de Defensa Nacional es privativo del Poder Ejecutivo. El Congreso tiene algunas
atribuciones que están expresamente legisladas en nuestra Constitución.
Por otra parte, el proyecto alude, con respecto a la integración del Consejo de Defensa