Ley de Defensa Nacional - Ministerio de Defensa

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28 y 29 de diciembre de 1987
trajo consecuencias prácticas en la formación de los cuadros militares, en el despliegue territorial,
en el equipamiento y en el armamento de nuestras fuerzas. También ocasionó dependencia
en los abastecimientos y en el plano tecnológico-militar, desnaturalizándose la producción de la
inteligencia militar.
Con este proyecto empezamos a dejar atrás estas cuestiones, sobre las que no quiero abundar
porque la mayoría de los diputados preopinantes han sido muy precisos y claros en sus definiciones.
¿Qué estamos proponiendo con esta iniciativa? En primer lugar, en relación a esta doctrina
que queremos que se supere definitivamente, establecemos en el artículo 2º: “La Defensa
Nacional es la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución
de aquellos conflictos que requieren el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva
o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo”.
“Tiene por finalidad garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la
Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación; proteger la vida
y la libertad de sus habitantes”. Este concepto lo volvemos a recalcar con más claridad en el artículo
4º, donde establecemos: “Para dilucidar las cuestiones atinentes a la Defensa Nacional se
deberá tener, permanentemente, en cuenta la diferencia fundamental que separa a la Defensa
Nacional de la seguridad interior”.
Como no somos ingenuos, en ese mismo artículo añadimos que la seguridad interior será
regida por una ley especial, ya que sabemos que existen riesgos y que hay factores que intentan
perturbar la seguridad interna; así como sabemos que en la medida en que no pongamos las cosas
en su lugar, difícilmente podremos otorgar a cada institución el rol que le correponde y seguiremos
ensanchando el abismo que tantos años de desencuentro han generado entre los civiles
desarmados y las fuerzas que armamos los propios civiles para que sean el brazo defensivo de
nuestra soberanía.
Por eso, cuando se pretende manipular esta argumentación, decimos que queremos aplicar
en este tema la medicina preventiva y no la curativa, porque antes que nada la seguridad interior
es un problema que consiste en prevenir o evitar que se produzcan condiciones que favorezcan la
agresión terrorista. Tenemos el ejemplo de los países más avanzados del planeta, en los que, bajo
el amparo de la ley, se crean fuerzas de seguridad para combatir esos focos del terrorismo, pero
sin desnaturalizar la función de las Fuerzas Armadas. Cuando se manipulan estos conceptos para
obtener conclusiones en contra de este proyecto, se encubren con ello segundas intenciones que
no voy a juzgar porque ya lo ha hecho la sociedad argentina.
Con relación a otros aspectos del proyecto, decimos que esta iniciativa establece un sistema
amplio, que completa el proceso que el oficialismo llama de modernización de las Fuerzas
Armadas y que nosotros preferimos llamar de reorganización y reestructuración de esas fuerzas.
Muchos de nosotros hemos criticado la demora en producirla, pero ello también tiene su base
y su fondo en la inexistencia de una ley como la que se originará en este proyecto sobre el cual
arribamos hoy a un consenso y que nos indica la orientación global que deberá tener ese proceso
de reorganización.
Así lo expresamos con claridad en el artículo 45 del proyecto, que voy a leer: “Sin perjuicio
de las funciones establecidas precedentemente, el Consejo de Defensa Nacional tendrá como
función transitoria que deberá cumplimentar en un lapso no mayor de 365 días, la elaboración
de anteproyectos de leyes que serán elevados a la consideración del Poder Ejecutivo Nacional”.
En el artículo 46 señalamos que esos anteproyectos legislativos serán “…las leyes orgánicas
de las Fuerzas Armadas que contemplen las disposiciones de la presente ley relativas al planeamiento
logístico, educación militar y accionar conjunto de las fuerzas, su reestructuración y modernización”.
Pero para hacer esto había que dar un marco y una orientación; y para que éstos
fueran una auténtica solución, debían surgir del consenso.
El proyecto habla también de una ley orgánica de producción para la defensa que ponga fin