Ley de Defensa Nacional - Ministerio de Defensa

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8 de abril de 1988
El justicialismo concibe a la Defensa Nacional como un hecho integral en el que todos argentinos
somos protagonistas en alguna medida y que el marco del instrumento militar de defensa,
son las Fuerzas Armadas.
Cuando juntamente con el señor senador Vicente Saadi presentamos nuestro proyecto, lo
hicimos con la convicción de que debía superarse una concepción restringida al instrumento
militar, una concepción reglamentarista en este sentido y que debía plantearse un marco más
integral.
De este modo planteamos el proyecto de ley de un sistema integral de defensa que fuera desde
los aspectos doctrinarios hasta la producción para la defensa, la reorganización de las Fuerzas
Armadas y de seguridad, los servicios de inteligencia, la defensa civil y la movilización.
A partir de estas circunstancias se tomó la decisión de llegar a una compatibilización de los
puntos de vista, ya que se consideró imprescindible contar con este instrumento. Esto dio lugar
a un proyecto común que obtuvo la sanción del Senado en 1986.
En el campo de lo político no sólo los proyectos sino también los señores senadores en la necesidad
de superar el ordenamiento legal vigente que correspondía a la doctrina de la seguridad
nacional, la que básicamente está sustentada en el decreto ley 16.970 de 1966.
En realidad, para nosotros esta doctrina es anterior y se remonta a 1955, cuando organizaciones
nacionales y populares fueron caracterizadas como enemigas de la Nación y tratadas como
tales. Esto mereció el repudio unánime a nivel internacional.
Podemos tomar como ejemplo el documento de la Conferencia Episcopal de Puebla, que la
definiera, más que como una doctrina, como una ideología que se impuso desde el exterior a los
países latinoamericanos, y que tenía como instrumentos la utilización de las Fuerzas Armadas.
Señor presidente: del mismo modo consideramos necesario terminar con la contradicción,
que tanto daño ha hecho en nuestro país, entre lo que se ha dado en llamar “el poder militar”
y “el poder civil”, contradicción que a los únicos a quienes puede servir es a los enemigos de la
Patria, a los que atentan contra nuestro país y que han perjudicado tanto a nuestra vida política
en los últimos años. Creo que debe terminarse esta contradicción y que esta legislación que tratamos
hoy intenta aportar algo en este sentido.
En otros términos, y como base fundamental, hemos considerado a la defensa como la integración
y la acción coordinada de todas las fuerzas morales y materiales de la Nación, sin restringirnos
a un enfoque netamente militarista. Esta idea de la defensa como integración de las
fuerzas nacionales está presente en el artículo 2º del proyecto que hoy nos ocupa. Ello implica
la necesidad de sancionar una ley básica, o ley marco, a fin de establecer las bases doctrinarias y
un sistema de conducción que permita cubrir en un futuro la totalidad de la problemática de la
defensa, la reorganización de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad, la necesidad de
recomponer la producción para la defensa y la creación de un sistema nacional de información
e inteligencia y la organización territorial y movilización entre otras cosas. Todos estos instrumentos
legales son indispensables para sostener, como decíamos antes, esta concepción integral.
Señor presidente: las coincidencias conceptuales apuntadas han hecho posible establecer un
criterio compartido en torno a la problemática de la defensa, y nos han permitido ubicar las diferencias
en el plano operativo que tenían ambos proyectos en un plano no protagónico.
En los artículos 1º y 2º del Título I del proyecto compatibilizado, llamado “Principios básicos”,
queda aclarado el carácter integral y permanente de la defensa, estableciéndose los medios
y los objetivos a alcanzar.
En el artículo 5º se define con exactitud el ámbito geográfico en que la Argentina debe desarrollar
su política de defensa.
El artículo 6º por su parte, expresa el doble contenido de la defensa. Por un lado, como derecho
de todos los argentinos a participar en la defensa como una prolongación de su defensa
propia en el campo colectivo. Y, por otro lado, como deber establecido en el artículo 21 de la