Ley de Defensa Nacional - Ministerio de Defensa

Mensaje presidencial • Dr. Raúl R. Alfonsín
Todo esto en conjunto contribuirá a la defensa y afirmación de la soberanía nacional, revitalizando
el sustentado principio de las doscientas millas marinas.
Para atender al cumplimiento de esta política se llevará a cabo un programa para la formación
de científicos, técnicos y especialistas argentinos altamente capacitados. Asimismo, se promoverá
el mejoramiento de la infraestructura portuaria y la modernización de la flota pesquera nacional.
El real interés nacional que el Poder Ejecutivo desea dar a esta área de gobierno queda, en
primera instancia, demostrado con la creación de la Secretaría de Recursos Marítimos, cuyo objetivo,
al fomentar y promover el esfuerzo de los entes y empresas ligados al sector no es otro que
el lograr el intenso desarrollo del litoral patagónico.
Resumiendo: para el gobierno nacional, la implementación de una agresiva política pesquera
tiene como objetivo el incremento de riquezas, el desarrollo de zonas hasta ahora marginadas y
el afianzamiento práctico y concreto de la soberanía nacional.
El sector minero argentino ha sido tradicionalmente un sector económico relegado, cuya
importancia medida en términos de su contribución al producto bruto interno, generación de
divisas y empleo es relativamente escasa, y coloca al país en posición de neto importador de minerales.
Sin embargo, el país tiene un potencial minero importante, cuyo desarrollo contribuirá a
aliviar el problema de nuestra balanza de pagos y tendrá un impacto dinamizador sobre algunas
de las economías regionales más postergadas. De ahí que nuestro objetivo último sea aumentar
la producción y productividad minera.
En el corto plazo, nuestra estrategia consistirá en remover los obstáculos o “cuellos de botella”
que han venido frenando el desarrollo de esta actividad a la vez que se irá conformando la
base de datos necesaria para la planificación futura del sector. En el largo plazo, la mayor parte de
la inversión la hará el sector privado, reservándose para el Estado la planificación estratégica del
sector y sólo excepcionalmente la explotación de aquellos depósitos que por razones económicas
o de interés nacional justifiquen ese criterio.
Al implementarse adecuadamente esta estrategia se logrará una mayor producción y productividad
minera, un desarrollo minero que operará como factor dinamizante en las economías
regionales, hoy postergadas; una transferencia de recursos y poder de decisión del
centro a las economías regionales; una mejor posición en la balanza de pagos, sustituyendo
importaciones e incrementando exportaciones; contar con financiación adecuada a las necesidades
de los productores mineros pequeños y medianos a través de una entidad financiera
especializada en la problemática del sector; una legislación minera que, en lo esencial, fijará
reglas normativas simples, equitativas y duraderas, que produzcan una mayor participación
privada, y crear las condiciones para que se desarrolle un empresariado nacional con verdadera
vocación minera.
Nunca se insistirá demasiado sobre el papel fundamental del campo argentino como elemento
básico de la estructura económica nacional, por su función primordial de productor de
alimentos para el consumo interno y la exportación y por su específica aptitud para crear recursos
genuinos en divisas, hoy más necesarios que nunca para hacer frente a las tremendas dificultades
de nuestro sector externo. Cuanto se haga para fortalecer la actividad agropecuaria, asegurarle
rentabilidad y capacidad de inversión, promover su tecnificación y defender sus mercados será
siempre, en definitiva, un servicio al interés nacional.
Los productores agropecuarios argentinos, agobiados en los últimos tiempos por una presión
tributaria y financiera sin precedentes, y carentes de la orientación de una genuina política para el
sector, han respondido, no obstante con sostenidos esfuerzos de modernización y expansión sus
explotaciones, sobre todo en la agricultura, donde se han reflejado en importantes y crecientes
rendimientos, con grandes cosechas que, lamentablemente, no siempre se han podido comercializar
con el grado de beneficio que, para el país, hubiera sido deseable.
Una política agropecuaria consistente y constante debe basarse en la capacitación del hombre de
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1983