Ley de Defensa Nacional - Ministerio de Defensa

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8 de abril de 1988
complejo, pero aquí nuevamente la realidad y la teoría siguen caminos diferentes. Al menos si el
texto hubiera definido las cuatro situaciones de conflicto como lo hacía el proyecto justicialista
de 1985, hubiera sido más fácil la exégesis que con el complejo sistema referido.
Pero no, señora presidente. No sólo no se define el contenido del tipo de agresión, sino que
se omite deliberadamente la inclusión en el marco de situación interior de la facultad que tiene
el Poder Ejecutivo Nacional de utilizar las Fuerzas Armadas, en el marco interno, cuando así lo
aconsejen graves circunstancias de conmoción interior. Y sabemos que esto puede hacerse y lo
sabemos todos, señores senadores, porque como ya lo expresara, lo dice la Constitución, siendo
un claro ejemplo de dicha facultad el decreto 2.772 del 6 de octubre de 1975, en donde el titular
del Poder Ejecutivo ordenó a las Fuerzas Armadas las operaciones militares y de seguridad que
sean necesarias para “aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del
país” —decreto suscrito, entre otros, por el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires y
precandidato a la presidencia de la República—.
En cuanto a la integración del Consejo de Defensa Nacional —CODENA— discrepamos con
la inclusión de todo el gabinete como miembros permanentes ya que resulta innecesaria, siendo
suficiente la presencia de los cuatro ministros que establecía el proyecto anterior del Poder
Ejecutivo con la versión final que le diera esta Cámara.
Cuestionamos, también, la ausencia en este organismo asesor como miembros plenos y permanentes
de los jefes de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas y del Estado Mayor Conjunto,
ya que sólo se prevé su asistencia acompañados por el señor ministro de Defensa de la Nación.
La ley española, dilecta inspiradora de párrafos enteros de este proyecto, no teme afirmar
que las Fuerzas Armadas son el pivote sobre el cual gira la Defensa Nacional; y esto es así señor
presidente, aunque se adopten todos los disfraces legislativos imaginables.
Téngase en cuenta que la ley peninsular es posterior al invocado pacto de La Moncloa, inspirador
de nuestra Mesa del Consenso Democrático, cuyo interés motivó el envío en viaje de
estudios a España de un importante funcionario del área del Ejecutivo, pacto que derivó en la
Constitución del Reino de 1978 y en la ley de defensa creada cuatro años después, y aún vigente.
Sin duda, el Partido Socialista Obrero Español ha demostrado un criterio y adaptación a la
realidad de los tiempos que, en comparación con posturas ideológicas de algunas fuerzas políticas
del país, resulta altamente envidiable. Lamentablemente, algunos sectores de pensamiento al
servicio de la ideología y no de la realidad, asumen actitudes que bien pueden calificarse a contrapelo
del tiempo y de la historia.
Los jefes militares no serán incluidos como miembros del consejo asesor. Esto es lo que quieren
los sostenedores del proyecto. Esta es la realidad de hoy, señora presidente, ante la cual las
vacías declaraciones de terminar con la división y los prejuicios entre la sociedad civil y militar
que venimos escuchando desde hace cuatro años, pierden toda credibilidad.
Hasta aquí las objeciones principales. Habría más cosas para decir, pero soy consciente de la
inutilidad de mi esfuerzo, como lo soy también de mi deber de expresar lo señalado, más allá de
los resultados buscados por las fuerzas políticas que pactaron este proyecto de ley.
Para terminar, no puedo dejar de señalar, con referencia a lo sucedido en Mesa del Consenso,
que el Pacto Autonomista Liberal señaló con claridad y por escrito sus objeciones a un proyecto
prácticamente idéntico al que después ingresó a la Cámara baja. Tengo aquí un recorte del diario,
La Nación que, solicito, sea insertado en el Diario de Sesiones.
1 Ver la inserción en el Apéndice al final del texto (pp. 364-365.)
—Asentimiento. 1