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país, los que prestarían sus servicios por un término de tres años,
prorrogable por un periodo igual, según el beneplácito de sus go-
biernos.
El director general y su o sus asistentes serían elegidos por el
consejo de directores, considerándose al director general como
miembro nato del consejo y jefe del personal del fondo. Dichos
funcionarios actuarían en sus encargos durante dos años, sin per-
juicio de que fuesen removidos, con causa, o reelegidos, en su caso,
por el propio consejo.
Respecto a la distribución del poder de votación, dentro del
consejo de directores, el representante o suplente de cada país
miembro tendría el derecho de emitir determinado número de
votos, cuyo número estaría en todo caso íntimamente ligado a la
cuota respectiva de cada país, aunque no en exacta proporción a
las cuotas.
El reparto de las utilidades líquidas obtenidas por el fondo se
efectuaría en la siguiente forma:
a) El 50 % sería destinado a crear un fondo de reserva hasta
que éste fuese igual al 10 % del total de las cuotas del fondo;
b) El 50 % restantc se distribuiría, anualmente, entre los miem-
bros, en proporción a sus cuotas. Los dividendos serían pagados a
cada país en su propia moneda, o en unitas, según lo dispusiera el
fondo.
F. Obligaciones de los pai~es miembros
Los países miembros se comprometerían, según el Plan LVhite, a
seguir una política monetaria delineada en los siguientes puntos:
i) Mantener las tasas de cambio -que podrían fluctuar dentro
de un límite prefijado por el fondo- establecidas por el fondo
para la moneda de otros países y no alterarlas sin el corisentimieii-
to del fondo, y sólo en la extensión y manera aprobadas por él
mismo;
ii) Abandonar tan pronto como las condiciones lo permitiesen,
a juicio del país participante, toda restricción y control sobre tran-
sacciones de cambio extranjcro -excepto las de transferencias de
cnpital- con otros países miembros, y no imponer otr'is restric-
ciones sin la aprobación del fondo. Para dicho efecto, el fondo
podría hacer recomendaciones a sus asociados cuando estimase
que las condiciones favorables para el abandono de restricciones y
controles estaban dadas, y a fin de que cada país miembro tomase
en cuenta tales recomendaciones;