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nes y forma de funcionamiento de cada banco eran distintas a las
de cualquier otro, a la vez que los derechos y obligaciones de los
mismos también eran diferentes entre sí, en cuanto su contenido y
alcance no obedecían a una política bancaria determinada. Dentro
de esta situación, entre 1889 y 1891, se instalaron cuatro bancos
en los Estados de Durango, Nuevo León, Yucatán y Zacatecas.
3. Ley General de Instituciones de Crédito de 1897.
Sus disposiciones y resultados
La Ley General de Instituciones de Crédito, cuya aparición había
sido anunciada en el Código de Comercio de 1889, fue expedida
el 19 de marzo de 1897 para regular, en toda la República, la
autorización, el establecimiento y las operaciones de los bancos de
emisión, hipotecarios y refaccionarios. Aunque no se hacía referencia
a otra clase de instituciones, se preveía que las entidades
que realizaran operaciones de crédito continuarían rigiéndose por
las leyes generales vigentes o por las concesiones especiales que les
confiriera el poder público. Por otra parte, se asentaba expresamente
que sólo podrían funcionar en el país los organismos crediticio~
que hubiesen obtenido la concesión respectiva del Ejecutivo
Federal, para lo cual previamente deberían depositar, en bonos de
la deuda pública, el 20 % de la suma efectiva en caja al iniciar sus
actividades y, posteriormente, normar su vida por las disposiciones
que contenía la ley, y de las cuales sobresalían las siguientes:
a) La explotación de las concesiones podrían llevarla a cabo
únicamente sociedades anónimas constituidas legalmente en el país
y formadas por un mínimo de siete socios, independientemente de
que las concesiones podrían ser otorgadas a particulares agrupados
en número no menor de tres personas;
b) En cuanto al capital social, éste debería ascender, como
mínimo, a $500 000 en el caso de los bancos de emisión e hipotecarios,
y a $200 000 en el de los refaccionarios. Además, al momento
de constituirse la sociedad, la totalidad del capital social
debería estar suscrita y exhibido el 50 % del mismo;
c) Los bancos autorizados podrían emitir solamente los títulos
de crédito correspondientes al carácter que hubiesen adoptado: de
emisión, hipotecario o refaccionario;
d) Los bancos de emisión podrían lanzar a la circulación billetes
por una suma tres veces mayor al capital social, como máximo;
suma que aunada a los depósitos a la vista no debería exceder al
doble de sus existencias metálicas. Los billetes, con valores de 5,