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Dichns dihpos~ciuiies al:umaroii en gran medida a los depositan-
[ tes de los iiiillcos, quienes se presentaron en masa a tales organis-
mos con el propbsito de retirar sus fondos. El reembolso de los
depósitos se efectuó en billetes, mas pronto fue interrumpido dado
'
que los baiicos, qr;e tenían sus carteras inmovilizadas, no dispo-
nían del eicc tivo necesario -billetes o metálico- para cubrir la
totalidad de sus obligaciones. Finalmente, el 20 de diciembre de
1913, hubo de decretarse la suspensión de los pagos bancarios
hasta el 2 de enero de 1914. Este plazo fue ampliado posteriorinente
por c~tro decreto de 13 de enero de 1914, hasta el 13 de
marzo del propio año.
2. Intentos parn re~structurar al sirtema bancario
Una vez que Victoriano Huerta fue derrotado, en julio de 19 14,
el gobierno provisioiial presidido por Venustiano Carranza se im-
) puso la tarea de reestructurar el sistema bancario sobre la base de
crear un banco único de emisión que sería controlado por el Esta-
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do. Para llevar a cabo dicho propósito, se vio la imperiosa necesi-
dad de unificar la moneda circulante -el dinero denominado papel
revolucionario y 10s billetes emitidos por las diversas instituciones
de crédito-. así como la de regularizar la situación que guardaban
los bancos de emisitri que habían sobrevivido al crack financiero
de 1913.
Con este último fin se dictó el decreto de 29 de septiembre de
1915 que otorgaba un plazo de 45 días a las instituciones emisoras
de billetes para comprobar ante la Secretaría de Hacienda que el
importe de sus billetes circulantes, sumado a los depósitos a la
vista o a plazo no superior a tres días, estaba respaldado en un
50 % por efectivo eri caja, en la inteligencia de que los bancos que
no ajustasen su circulación fiduciaria a las condiciones señaladas en
la Ley de Instituciones de Crédito de 1897 serían liquidados, dán-
dose por terminadas sus concesiones. De acuerdo con el decreto
mencionado, se creó la Comisión Reguladora e Inspectora de Insti-
tuciones de Crédito la que, a partir de octubre de 1915, se encargó
de verificar el estado de las finanzas de tales organismos, así como
de preparar un plan relativo a la instauración de un banco único de
emisión. Los dictámenes de la Comisión Reguladora revelaron que
de los 24 bancos de emisión existentes en el país sólo nueve venían
operando con apego a lo prescrito por la ley o a lo pactado en sus
concesiones, de tal suerte que los 15 restantes, cuyas concesiones