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DO de la justicia que se hacia y del monarca que la representaba.
«Después de infinitas vicisitudes, dice el antes citado escri­
tor, recusaciones, quejas y olvido de las leyes de Partida, los
furibundos magistrados' llevaron adelante los procesos, recibien­
do las confesiones de los acusados, contra quienes formalizaron
los cargos. Estribaban estos en los acuerdos tomados por las
Cortes, declarando en el famoso 24 de Setiembre de 1810 la
soberanía de la Nación; en el juramento exijido á los diputa­
dos; en la llamada persecución del obispo de Orense y del
marqués del Palacio, y en otras resoluciones y leyes de menor
importancia votadas por los presos.—Pero en primer lugar es­
cudaban á los vocales déla Asamblea el artículo de la Consti­
tución que los declaraba inviolables, y la ley 5. a
de Partida, tí­
tulo 8.°, libro 3.°.... que prohibe reconvenir en juicio á lospro-
curadores durante su procuración. Y en segundo lugar, si seles
condenaba por haber dado su voto al artículo 3.° de la Consti­
tución , que establecía la soberanía nacional, el fallo debía re­
caer no contra algunos, sino contra todos los que votaron el
artículo: ahora bien, en aquella sesión, que fué la del 29 de
Agosto de 1811, fueron los votantes 152, de los cuales 128
lo aprobaron, y 24 le negaron su sufragio. De los 128 que vo­
taron por la soberanía del Pueblo, solo 15 se hallaban proce­
sados, 1 multado, 2 contumaces, 12 habían muerto, 69 an­
daban libres y sin formación de causa, 13 seguían en el goce
de sus destinos y 16 habían sido premiados por el mismo Fer­
nando. ¿Con qué justicia, pues, osaría un magistrado íntegro
sentenciar á muerte á los hombres por un hecho que era lau­
dable en sus compañeros, y que les había proporcionado ga­
lardones y recompensas de la mano del monarca? ¿Cómo, obran­
do ambos de un mismo modo, puede uno ser traidor y otro fiel