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Mestizaje, distinción y presencia cultural:
la visión desde Oaxaca
Deborah Poole
El 20 de julio del 2002, cerca de tres mil manifestantes, encabezados
por la Coordinadora Oaxaqueña Magonista Popular
Antineoliberal (COMPA), marcharon por las calles repletas
de turistas del centro histórico de Oaxaca. La lista oficial de demandas
de la COMPA abordaba una impresionante serie de asuntos que
incluían: “la oposición al Plan Puebla-Panamá, a la Ley Indígena aprobada
por los senadores Pri-panistas, al impuesto al valor agregado a
la alimentación, medicinas y libros [propuesto por Vicente Fox], a la
propuesta de privatizar la electricidad, el petróleo la educación y la
atención médica, a la reforma de las Leyes Federales de Trabajo, y a la
importación de productos agrícolas y alimentos genéticamente modificados”.
Además de estas demandas de oposición, la Coordinadora
también llamaba “al cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés
Larrainzar; respeto por la autonomía alimentaria, económica, política
y cultural de nuestros pueblos, un justo intercambio de bienes e ideas,
un proyecto de desarrollo que sea igualitario, con base popular y socialmente
justo, libertad para los prisioneros políticos, y el
desmantelamiento de los grupos paramilitares”. 1
Sin embargo, para los propósitos de la marcha resultaba difícil
manejar una lista tan larga de reclamos, de modo que los organizadores
se concentraron en tres demandas más locales. La primera comprendía
el caso de quince campesinos indígenas que habían sido encarcelados
por el asesinato, el 31 de mayo, de otros 26 campesinos;
esta masacre, que recibió cobertura de la prensa nacional e internacional
como un “conflicto por tierras entre comunidades,” era en realidad
producto de la lucha por el control de las reservas forestales de
tenencia comunal – reservas que constituyen cerca del veinte por ciento
del total de las tierras en Oaxaca. La segunda demanda estaba referi-
1 Noticias (Oaxaca), 19 julio, 2002, p.9a. Los Acuerdos de San Andrés se refieren
a acuerdos firmados entre el EZLN y el gobierno mexicano, los cuales
incluyen demandas sobre derechos culturales y autonomía parcial.