Formaciones de Indianidad. Articulaciones Raciales ... - Cholonautas

Deborah Poole
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cen el reconocimiento de los derechos culturales y políticos indígenas. 8
La principal de estas reformas es la Ley de Derechos de los Pueblos
Indígenas del Estado de Oaxaca (1998), que reconoce el derecho a elegir
funcionarios a través de “usos y costumbres” tradicionales que funcionan
independientemente de las estructuras políticas partidarias Junto
con las reformas electorales, la legislación también incluye gestos
significativos orientados al reconocimiento de los derechos y autonomías
culturales. 9 No sobra decir que, excepto por la cláusula políticamente
conveniente de usos y costumbres, las leyes mencionadas no han
implicado necesariamente el cumplimiento y aplicación de los derechos
culturales en algún sentido integral o legal. En efecto, Oaxaca se encuentra
en segundo lugar, después de Chiapas, en términos del número
de prisioneros políticos indígenas y de territorios indígenas militarizados
o semimilitarizados; y los pueblos indígenas continúan ubicados
entre los sectores más pobres de la economía oaxaqueña (Amnistía Internacional
1986; Chavela Rivas 2006; Human Rights Watch 1997, 1999;
INEGI 2000; Red Oaxaqueña de Derechos Humanos 2006). Finalmente,
tal como sugieren mis ejemplos iniciales, los pueblos indígenas están en
su mayoría excluidos de los espectáculos folclóricos a través de los cuales
el Estado oaxaqueño produce su reputación nacional e internacional
de “cuna de la diversidad multicultural de México”. Tales exclusiones,
por supuesto, son de larga data en México como en otras partes de
Latinoamérica; de hecho, sirven simplemente para confirmar el doble
sentido de “pueblo”, que significa tanto la necesaria base colectiva de
8 El PRI todavía mantiene control del gobierno estatal, a pesar de las fuertemente
disputadas y fraudulentas elecciones de agosto del 2004, el amplio
movimiento popular en contra del actual gobernador Ulises Ruiz, y la histórica
derrota del PRI en las elecciones nacionales de julio 2007. En septiembre
del 2004, el PRI también retomó el control del gobierno municipal
de la capital (Oaxaca de Juárez) y de otras importantes ciudades oaxaqueñas.
9 La práctica de realizar elecciones a través de “usos y costumbres” prosperó
a partir de las demandas indígenas presentadas al gobierno estatal en la
década de los 90. A través de la legislación de una práctica que había estado
en funcionamiento desde por lo menos 1995, el gobierno PRI de Carrasco
captó el crédito político al institucionalizar los “usos y costumbres” como
parte de una maniobra mayor para apuntalar el apoyo al PRI entre los
sectores indígenas. Así, aunque en el papel el número las municipalidades
controladas por el PRI bajó drásticamente de 535 (en 1989) a 112 en 1995
(cuando las elecciones se realizaron por primera vez bajo “usos y costumbres”),
su presencia permanente e incluso su predominancia en la política
oaxaqueña sugiere que continuó controlando las presidencias municipales
a través de lazos clientelistas que vinculan a las autoridades “no partidarias”
con el PRI. Acerca de la historia de “usos y costumbres” y la legislación
sobre derechos culturales en Oaxaca, véase: Anaya Muñoz 2004; Hernández
Navarro (1999), Martínez (2005); Nahmad (2001), Poole (2006), Recondo
(2001), y Velásquez (2000).