Efectos ambientales del libre comercio - PAOT

120Simposio de América del Norte sobre Análisis de los Vínculos entre Comercio y Medio Ambientedifícilmente se tendrá éxito dada la trayectoria de la Junta de Apelaciones en Materia Ambiental deOntario.Varias observaciones resultan pertinentes. En primer lugar, nunca se revelaron los datos en losque se sustenta la decisión de Parks Canada y el Ministerio de Medio Ambiente de Ontario de fijarel flujo mínimo del caudal en un metro cúbico por segundo. Es demasiada coincidencia que el 1.7por ciento determinado como límite para la proporción entre uso y recurso en el río Tay seaexactamente el mismo índice de consumo estimado para el Lago Ontario en su conjunto (1.7 porciento del flujo de salida). Hemos descrito ya lo poco precisa que resulta la información de que sedispone sobre la disponibilidad actual del recurso y los factores de renovabilidad, y cómo laspolíticas y reglamentos en materia de agua no han podido responder a los drásticos y anticipadosefectos del cambio climático en los recursos hídricos de los Grandes Lagos, incluido el sistema delrío San Lorenzo.Segundo, se reconoció que la decisión por la que se otorgó el permiso se basaba en informaciónno actualizada sobre los flujos del Tay. Pero en lugar de actuar con cautela y realizar una evaluaciónde impacto ambiental que podría haber revelado una fórmula para el flujo u otros problemas, elgobierno de Ontario simplemente emitió el permiso. En lugar de solicitar evidencias de que el retirode agua no provocaría daños, se autorizó el aprovechamiento hasta que se determine que se estáncausando daños, transfiriendo con ello la carga de la prueba de la empresa a la ciudadanía.Tercero, en lugar de brindar a la ciudadanía los elementos y herramientas necesarios paraproteger la cuenca en la que habita, el gobierno impidió el acceso a la información precisa parasustentar la denuncia de que el retiro estaba provocando daños; en particular, se negó al entonces yaestablecido Plan de la Cuenca del Río Tay la posibilidad de revisar los datos que la empresa estáobligada a proporcionar. Dado el historial reciente de las omisiones en las que el gobierno deOntario ha incurrido para corregir incluso situaciones flagrantes de incumplimiento de lascondiciones de los permisos y licencias, 95 se tienen todos los motivos para suponer que OMYAseguirá retirando tanta agua como desee sin que el gobierno haga nada para impedirlo.Cuarto, si bien la decisión efectivamente reconoció la preocupación ciudadana en torno a laextracción y la exportación de agua del río Tay, al emitirse la autorización se señaló que elreglamento sobre transferencia de aguas de la OWRA no incluye los retiros del líquido que seincorpora en productos como las mezclas o morteros, aun si éstos se exportan a Estados Unidos.Quinta, la decisión se basó en la capacidad del ministerio de modificar el permiso en caso deque se probara así necesario, sin considerar las posibles controversias inversionista-estado que en lostérminos del TLCAN podrían surgir en caso de que el gobierno efectivamente procediera en talsentido. No se tomaron en consideración las obligaciones de trato nacional que garantizan que, unavez que el agua es usada o retirada de su estado natural, todos los demás inversionistas yproveedores de servicios del TLCAN en circunstancias similares han de tener los mismo derechosde acceso. Esta omisión se agrava por el hecho de que rara vez el gobierno considera los efectosacumulativos de los retiros de agua en Ontario.La situación del río Tay apela a una gran cantidad de omisiones de política de los gobiernos deOntario y federal, sobre todo en relación con un deficiente manejo de los recursos hídricos, quebrinda oportunidades de exportación y beneficios económicos en el corto plazo. En lugar de facilitarel uso sustentable de los recursos hídricos, el TLCAN contribuye a las presiones ambientales sobrelos Grandes Lagos, en particular en lo que se refiere al trato nacional, la participación compartida delos recursos y las rigurosas obligaciones en materia de inversión y servicios. Recomendamos la95Sierra Legal Defence Fund, Ontario Compliance Report on Water Polluters, 1999, en el que se señala que lasviolaciones por contaminación de aguas residuales se triplicaron entre 1996 y 1998 —200 por ciento en sólo dos años— yque apenas 4 de las 134 infracciones registradas en 1996 fueron procesadas (1996 fue el último año en el que se llevaronregistros de los procesos).