Efectos ambientales del libre comercio - PAOT

52Simposio de América del Norte sobre Análisis de los Vínculos entre Comercio y Medio Ambienteexplotación, representan “una amenaza para el sistema de comercio global” (Sizer et al., 1999, 7).Como sugiere un análisis: “Tales definiciones amplias de medidas no arancelarias que distorsionanel comercio”, basadas en aplicaciones extremas de principios de políticas de comercio y términos deanálisis, sugieren que el marco actual de reglas y políticas de comercio puede representar un riesgopara las leyes de conservación forestal” (Sizer et al., 1999, 7). Así, por ejemplo, ¿podrían losintereses madereros estadounidenses convencer a su gobierno de oponerse a los requisitosambientales de los programas de manejo forestal de México si tales requisitos limitaran laexplotación maderera en áreas de alta sensibilidad ecológica? Aun cuando a la fecha esto podríaparecer muy improbable, dada la situación de la jurisprudencia TLC/GATT/OMC, varios de losargumentos que hoy se elaboran en el contexto de la OMC parecen indicar que podrían presentarseeste tipo de objeciones (si no en “procedimientos oficiales”, al menos a puertas cerradas).3.3.3 Disposiciones sobre inversiónA últimas fechas surgieron varios casos muy problemáticos relacionados con las disposiciones sobreinversión del capítulo 11 del TLC. En síntesis, varias compañían han utilizado dichas disposiciones,que permiten a empresas privadas iniciar acciones en contra de las Partes del TLC, para solicitarindemnización por diversos actos de la Parte huésped, desde falta de “trato justo” y debido procesolegal hasta “expropiación” sin compensación (Mann et al., 1999). Dichas reclamaciones seresuelven en procedimientos arbitrales secretos sin participación de la ciudadanía. Por ejemplo,Metalclad, compañía estadounidense de tratamiento de residuos peligrosos, inició una acción encontra de México al amparo del capítulo 11 por supuestos daños ocasionados por la decisión de ungobierno local mexicano de prohibir la operación del relleno sanitario de Metalclad cuando ya lacompañía había obtenido los permisos federales necesarios. A finales de agosto de 2000, el tribunalarbitral falló en favor de Metalclad y ordenó que se le pagara una cantidad cercana a 17 millones dedólares estadounidenses (DePalma, 2000).En especial a raíz de la decisión en el caso de Metalclad, los inversionistas forestalesestadounidenses y canadienses que operan en México podrían utilizar las disposiciones del capítulo11 para refutar la negativa a otorgar permisos para el aprovechamiento de madera o límites a la tala.Que dicha objeción tenga o no éxito depende de los hechos de cada caso, pero la mera facultad depoder iniciar estas reclamaciones millonarias puede afectar negativamente la forma de elaboración yaplicación de los reglamentos forestales.El artículo 1114 fue considerado como una de las disposiciones “ecológicas” del TLC, ya queestablece que las Partes no deben renunciar o “de cualquier otro modo derogar” sus medidasaplicables al medio ambiente como medio para inducir el establecimiento o conservación de lasinversiones. Pero la redacción es meramente oratoria y, a diferencia de las disposiciones para losinversionistas, no existen bases para el inicio de acción legal o procedimientos de resolución decontroversias para grupos no gubernamentales que consideren posible que un país no haya cumplidocon dicho artículo.3.3.4 Requisitos para las compras del sector públicoLos gobiernos federal, estatal y local han comenzado a usar cada vez más sus procedimientos delicitación con el fin de ayudar a desarrollar mercados para los bienes de producción sustentable. Conrespecto a la madera y los productos madereros, las medidas pueden ser solicitar el contenido deresiduos reciclados o posteriores al consumo en el caso del papel, prohibir el uso de ciertos tipos demadera en proyectos gubernamentales o dar preferencia a posturas para proyectos que utilicenmadera de explotación sustentable. Sin embargo, los requisitos del TLC para las compras del sectorpúblico pueden crear una barrera a esta estrategia, por lo menos a escala del gobierno federal.