Año 38, nº 124 (1929) - Publicaciones Periódicas del Uruguay

Anales de la Universidad
lól
Los protíícolos de los escribanos.
El Tribunal Pleno fijó a los esicribanos un término perentorio
en 188 7, para que de acuerdo con una acordada del año anterior,
entregaran sus protocolos a la Escribanía de Gobierno y Hacienda
y a las oficinas actuarlas de los departamentos de campaña.
Hubo un reclamo del Colegio de Escribanos. Pero el Tribunal
mantuvo su acordada, invocando que los protocolos constituían
una propiedad pública, que no podía permanecer indefinidamente
en manos de los particulares. Como consecuencia
del movimiento de opinión que se produjo con tal motivo, el
Poder Ejecuitvo se dirigió a la Asamblea adjuntando un proyecto
de modificaciones al decreto - ley de 1878, de que emanaba
la acordada del Tribunal. El proyecto mantenía el traspaso de
los protocolos pertenecientes a los escribanos que fallecieran o
que abandonaran el ejercicio de su profesión, y se limitaba respecto
de los demás a establecer la obligación de remitir quincenalmente
copia de las escrituras, en vez de las escrituras
mismas. Pero la legislatura terminó susi tareas, sin que el conflicto
quedara solucionado.
Por otra acordada de este mismo período, obtuvo el doctor
Osvaldo Acosta título de escribano, por la sola virtud de su
diploma de abogado y, por consiguiente, sin rendir el examen
que regía para todos los demás. Era el primer abogado que en
esa forma se incorporaba a la matrícula de escribanos.
El arancel de costas.
Otra reforma más importante abordó el Poder Ejecutivo en
1887: la del arancel de costas judiciales vigente desde el año
1787, en que fué promulgado por el Virrey del Río de la Plata,
marqués de Loneto. Hasta los precios seguían figurando en la
moneda colonial de la época, el maravedí ya desconocido en
absoluto.
La Comisión de Hacrenda de la Cámara de Diputados aceptó
el proyecto del Poder Ejecutivo después de un laborioso debate,
acerca del derecho de reformar el arancel de oficios vendidos
a particulares. Para la mayoría de la Comisión de Hacienda, el
legislador podía hacerlo. El debate prosiguió después de la publicación
del informe, porque algunos de los propietarios de
cficios presentaron consultas de varios abogados importantes de