Año 38, nº 124 (1929) - Publicaciones Periódicas del Uruguay

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Colonia, se embarcó con toda su comitiva en el vapor «Camilo;^,
contratado con ese objeto por la empresa concesionaria de aque-
\hí línea férrea. Tratábase de un barco mercante de la matrícula
brasileña, pero cuyo propietario había autorizado la Siustituc:ón
de banderas duríimte la gira presidencial. Ninguna dificultad
ocurrió en el viaje de ida. Pero en el de regreso, el Ministra
Ponte Ribeiro, que figuraba entre los invitados, mandó izar la
bandera brasileña. El Presidente Tajes y su comitiva, se trasladaron
en el acto a uno de los barcos de la escuadrilla orientíil
que los escoltaba y el incidente quedó terminado.
Bo interesante agregar que el Congreso de Derecho Internacional
Privado, en que el Uruguay reunió a todos los pueblos de
América para uniformar su legislación, tuvo un hermoso complemento
pocos meses después, al llegar a su término el litigio
secular de las Misiones entre la Argentina y el Brasil y firmarse
el tratado por los Ministros Plenipotenciarios Quintino Bocayul>a
y Estanislao Zeballos, en el salón de nuestro Ministerio de
Relaciones Exteriores, ofrecido con ese objeto por el Presidente
Tajes.
Tratados internacionales.
La Cámara de Diputados rechazó en 1S8 7 un tratado de arbitraje
firmado en París cuatro años antes por nuestro Encargado
de Negocios, el coronel Juan José Díaz, y el Plenipotenciario de
la República del Salvador, señor Torres Caicedo. Ya contaba
desde 1885 con la aprobación del Senado. Pero la Cámara de
Diputados decretó su rechazo de acuerdo con el miembro informante
de la Comisión de Legislación, don Francisco Bauza. En
concepto de ese legislador, un país pequeño, como el Uruguay, no
debía ligarse con tratados de esta naturaleza. «Siempre hemos
sido víctimas, decía, de los tratadois, desde el de 1828, que nos
arrancó las cuatro mil leguas de las Misiones».
Al discutirse el tratado de extradición con la Argentina, la
misma Comisión de Legislación pidió el aplazamiento del asunto.
La extradición, decía en su informe, se gestiona corrientemente
por la vía diplomática entre el representante del gobierno
extranjero y la Cancillería, sin intervención de las autoridades
judiciales, y es necesario reaccionar contra esa práctica, como lo
ha hecho Inglaterra, donde el gobierno no puede acordar la ex-