Año 38, nº 124 (1929) - Publicaciones Periódicas del Uruguay

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lativo, y en 186 5, bajo el Gobierno de Aguirre, que comisionó
con ©se objeto al propio doctor Joanicó, No se trataría de un
protectorado, decía ese diario, ni de limitar en ningún sentido
la soberanía nacional, sino pura y simplemente de una declaración
de Inglaterra, Francia, Italia, España y Estados Unidos,
destinada a garantir la neutralidad votada por la Asamblea.
Ed graive litiígio terminó, fjlizmente, mediante un acuemdio
honroso que sometía el problema de límites al arbitraje del
Gobierno inglés. Ya el año anterior, había terminado en igual
forma, por «1 fallo arbitral del Gobierno de Washington, el
litigio secular de las Misiones entre la Argentina y el Brasil.
Jjii revolución de Río Grande.
La Provincia de Río Grande permaneció en estado de guerra
civil con el Gobierno Federal hasta mediados de 1895, emauando
de esa situación frecuentes incursiones al territorio oriental,
acompañadas de asesinatos y saqueos que mantenían en
continuo sobresalto a nuestros habitantes de la frontera.
En el curso de em lucha, que fué larga y sangrienta, desemfcarcairon
en las costas de Rocha alrededor de dos mil tripulantes
de los barcos de la escuadra brasileña plegados a la revolución
y jabandonados luego. Las dos terceras partes de esos soldados,
fueron traídos a Montevideo y alojados y mantenidos por la
Comisión Nacionail de Caridad. Nuestra» lOamcillería gestionó y
obtuvo, además, que el Gobierno brasileño reTiunciara al castigo
de los sublevados y consintiera en BU regreso.
El jefe civil de la revolución, era el doctor Ga»par Silveyra
Martins. Contra él existía una orden de destierro expedida duríinte
la Administración deJ doctor Herrera y Obes, pero no
cumplida, en virtud del compromiso moral contraído por aquel
eminente estadista de no ir a la frontera y quedar residenciado
en Montevideo. La violación del compromiso dio margen al Gobierno
del señor Idi^rte Borda para hacer efectivo el destierro,
dando con ello mérito a una interpeüacién de la Cámara de Diputados.
El destierro era una pena que ei Poder Ejecutivo no
tenía el derecho de aplicar. Pero la Cámara, después de oír la