Año 38, nº 124 (1929) - Publicaciones Periódicas del Uruguay

Anales de la Universidad 255
Poder Ejecutivo accediendo a ello, dictó un decreto, a mediados
de 1890, por el que se creaban en esa escuela cursos de perito
agrónomo y se ponía el establecimiento a cargo de uaa comisión
encabezada por el presidente de la Asociación Rural.
Nada se había hecho durante la primera etapa, destinada a
los capataces agrónomos. Y nada práctico alcanzó a hacerse
tampoco durante la segunda etapa consagrada a los peritos
agrónomos. La Sociedad Rural propuso el nombramiento de una
comisión organizadora de la que formaban parte don Luis Lerena
Lenguas, don Alfredo Margat y don Carlos Young y formuló
el presupuesto de instalación y funcionamiento de la Escuela
de Agriculltura y Harás Nacional anexo. La planilla de
sueldos de profesores y gastos de funcionamiento de una escuela
de 70 alumnos, subía a 2,289 pesos mensuales; los gastos de
instalación a $ 10,500; el mobiliario a $ 5,500; los animales de
labor a $ 960; los planteles del Harás a $ 10,500.
Pero al tratarse de dar andamiento a este presupuesto, ya las
finanzas nacionales estaban castigadas intensamente por la crisis
de 1890 y el asunto quedó aplazado hasta 1893, en que el
Ministro de Fomento, don Juan Alberto Capurro, lo puso de
nuevo sobre el tapete y le dio otra orientación completamente
distinta: en vez de una Escuela Superior y un Harás Nacional,
se crearía una Granja Experimental con alumiuos internos y
externos, encargada de organizar lecciones prácticas de agricultura,
realizar experimentos en los principales cultivos, ensayar
abonos, analizar tierras y dar conferencias públicas de propaganda.
El nuevo proyecto pasó a la Asamblea y allí se hablí
con entusiasmo de autorizar la contratación de un director en
el extranjero, que devengaría el sueldo de $ 300 mensuales.
Desgraciadamente, tampoco esta vez alcanzó a salir de su estancamiento
el establecimiento de Toledo, porque el nuevo proyecto
siguió el destino de los anteriores.
Colonización. Leyes de fomento.
La Asamblea sancionó en 1890 la ley de Inmigración y Colonización
proyectada durante la Administración Tajes, cuando
todavía estaban disponibles los sobrantes del empréstito de 20
millones y no se había producido el descalabro del Banco Nacional.