Año 38, nº 124 (1929) - Publicaciones Periódicas del Uruguay

78 Anales de la Universidad
Llevándoss a eídclo esa compra ficticia, don Juan Dillón vendió
en ootubis de 1889 a don F'rancisico A. Bowen la línea del
Ferrocarril del Norte a los mataderos de Santa Iiucíai, por
319,000 libras esterlinas. Da venta se bacía con autorización de
don Eduardo Casey. Pocos momentos después, el comprador comunicaba
al Ministre de Grobierno, doctor Julio Herrera y Obes,
que de acuerdo con lo convenido, esia línea debía servir de cabeciera
a los ferrooarriles del Oesite y que el Gobierno estaba obli-
Ssdo a suministrar los terrenos para la estación y la entrada a
Montevideo. Agreg'aba que la empresa constructora, de la que
era representante el propio Bowen, cargaría con la parte de
vía que ocupara y que lo demás debía imputarse a lia cuenta del
Gobierno. El Ministro contestó que estaba de acuerdo con, ello y
que en consecuencia se ordenaría al ingieniero fisucal don Andrés
Llovet que expidiera el certificado correspondiente, para ser
abonado por la casa Baring y cargado a la cuenta del Gobierno.
El certificado fué expedido y el Banco Nacional lo pagó, girando
en el acto sobre la casa Baring, aunque sin conseguir que esta
aceptara los giros.
Lo que había ocurrido, era sencillamente que el Ferrocarril
del Norte y el terreno destinado a la Estación Central, no habían
salido del dominio de sus verdaderos dueños; que la negociación
de compra era puramente fantástica; que lo único
real, era que e' Banco Nacional había suminisitrado un millón y
inedio de pesos para hacer frente a una operación de bolsa que
se liquidaba en esos momentos.
Dos años desipués, a mediados de 1892, decía el directorio
del Ferrocarril del Norte a sus accionistas, que la línea férrea
y el tranvía «jamás habían salido de su dominio», y que en manos
de los mismos accionistas estaba «la casi totalidad de las
acciones'».
Los especuladores que intervenían en la negociación, tenían
csimplemenfie un cierto número die acciones, las misimas que la
Compañía de Crédito y Obras Públicas había caucionado en el
Banco Inglés del Río de la Plata y que más tarde, al liquidarse
leste esitablecimiento, fueron trasipasadas al Estado en compenisa