Año 38, nº 124 (1929) - Publicaciones Periódicas del Uruguay

502 Anales de la Universidací
Conflictos de jurisdicción, lia intervención de los magistrados
en la política militante.
A principios de 1897, cuando se preparaba la siegunda invasión
die Aparicio Saravia y ge orgiandzaJban los coloraidos independientes
para iniciar una vigorosa campaña contra el G-obierno,
la Oomiisión Permanente dirigió un Mensaje al Poder Ejecutivo
para que advirtiera al Tribunal Pleno, al Supremo Tribunal
Militar y a los Tribunales de Apelaciones, que la función
judicial era incompatible con la intervención en las luchas políticas,
y les previniera que debían abistenerse de concurrir a
estas últimas, bajo apercibimi>ento de ser llamados a responsabilidad
«por la mala coimiportación que eso importa — decía
— y por los ejemplos periniciosos que entraña para los demás
rr.agistradois del orden judicial en general».
La Minuta de la Comisión Permanente — se apresuró a contestar
el Tribunal Pleno — habla de una incapacidad existente,
cuando en realidad no existe ley alguna que la declare, y solamente
en el caso de existir una ley, es que los magistrados judiciales
tendrían que optar entre la conservación de su puesto y el
ejercicio pleno de sus derechos políticas.
El Tribunal, por otra parte — agregaba la nota, — no considera
que la Comisión Permanienite tenga facultades para hacer
ninguna advertencia. De acuerdo con la Constitución, está facultada
para haicerjo con el Poder Ejecutito, pero no con el Poder
Judicial. En 1875, la Comisión Permanente hizo saber al
Tribunail la sorpresa que le haibía causado una sentencia del
Juez del Crimen, doctor Juan Andrea Vázquez, por la que se
declaraba inconetitucioinal la ley de curso forzoso de eiae año, y
pedía que dicho juez fuera sometido a juicio de responsabilidad.
Poco después, eie creyó también facultada la Comisión Perma-
]i.enitie para manifestar la estrañeza de que fuera destituido de
su oficina el escribano don Pedro P. Díaz. Y en ambos casos,
terminaba la nota, la actitud del Tribunal fué la miamia: negatoria
del derecho de hacer advertencias al Poder Judicial, sin
que la Comisión Permanente llevara adelante el incidente.
Pero el Tribunal Pleno, a la vez de desconocer así la facultad
de hacer advertencias, dirigió una circular a los magisitrados
de su dependenoiía, en la que les decía que no había ley
alguna que obligara a cumplir la acordada judicial de mayo de