Año 38, nº 124 (1929) - Publicaciones Periódicas del Uruguay

470 Anales de la Universidad
entre otrcs recursos, del impuesto de a'basto y tablada (pesos
260,OOG); del impuesto de rodados (3 160,000); del impuesto
de serenos ($ 100.000); del impuesito del alumbrado (pesos
90,000); del impuesto de salubridad ($ 100,000).
El atraso de los iiagos.
LíOs empleados públicos, que percibían una remuneración mezquina,
y que, por la falta de regularidad en los pagos, tenían
que enajenar sus sueldos a precios de hambre a los compradores
que ocupaban la mayor parte de los escritorios de los Arcos
de la Pasiva en la Plaza Independencia, eran arrastrados anite
los Juzgados, en tal número y con tal violencia, que el Gobierno
se consideró obligado a adoptar medidas que garantizaran la
tranquilidad del ambiente adminisítrativo.
La estadísftica oíicial, anoitó en el cxinso de los primeros ocho
meses del año 1894, la cifra enorme de 2,020 decretos nuevos
de interdicciones, emanados de ^^enitais de sueldos, en su mayoría
por tiemipo indefinido. El empleado que no percibe sueldo,—
decía el Poder Ejecutivo, comentando la cifra — pierde estímulos
y rebaja el servicio púlblico. Para contener el derrumbe
administrativo, prescribía el decreto que en adelanite las oficinas
públicas sólo admitirían y cumplirían el embargo de la tercera
parte de los sueldos, de conformidad con las disiposdciones generales
del Código de Procedimiento Civil. La Universidad pidió
una aclaración y el Gobierno declaró entonces que no quedaba
prohibida la venta de sueldos y que le único que se regiamentabu
era la intervención de las oficinas públicas en esas ventas.
Bl decreto era inatacable en cuanta a los sueldos futuros.
Pero no en cuanto a los sueldos vencidos, que constituyen una
propiedad exclusiva de los empleados, de la que éstos pueden
hacer el uso que mejor le? plazca.
Los Certificados de Tesorería.
Otra medida más discutible adoptó el Poder Ejecutivo: la
emisión de Certificados de Tesorería, al portador, que se entregarían
mes a mes a los empleados y que se chancelarían a
ínedida que lo permitiera la situación del tesoro público.