Año 38, nº 124 (1929) - Publicaciones Periódicas del Uruguay

528 Anales de la Universidad
ffl) El Partido Nacionalista renuncia a. la lucha armada y en consecuencia
el ejército revolucionario se pondrá a las órdenes de:l
Poder Ejecutivo, quien dispondrá su licénciamiento y el de las
fuerzas levantadas por eil Gobierno, tan pronto como tomen posesión
de sus respectivos cargos los nuevos jefes políticos.
6) El Poder Ejecutivo en su carácter de co-legialador presitigiará
y sostendrá ante el Cuerpo Legislativo la reforma electoral,
a cuya sanción se ha comprometido ante el país la mayoría
de los miembros de dicho Poder en el manifiesto del 4 del mes
de agasto, siendo entendido que se incorporarán a la legislación
vigente las modificaciones ya aprobadas por el Senado y los proyectos
presentados a la Cámara de Diputados sobre representación
de las minorías por el sistema del voto incompleto en las
elecciones de Juntas Electorales, de Juntas Económico-Administrativas
y de Representantes del Pueblo. Esta cláusula, por la
garantía imsititucional de futuro que importa paira el país, es la
base fundamental y esencial de las negociaciones y el Poder E3¿>outivo
contrae el coimpromiso de incluir la reforma en las actuales
sesiones extraordinarias y gestionar su aprobación.
c) El Poder Ejecutivo declara que el nombramiento de jefes
políticos recaerá en ciudadanos que por su significaición y demás
cuailidades personales, ofrezcan a todos las más serias y eficaces
garantías.
d) Todos lo-s orientales quedan en la plenitud die sus derechos
civiles y político® y se mandará sobreseer en todas las causas
políticas y militares.
e) Los jefes y oficiales dados de baja serán repues'tos en sus
gradas.
/) El ejército revolucionario recibirá la suma de 200,000 peros
con destino a gastos de pacificación.
Al someter estas bases a la Asamblea General, decía el Presidente
Cuestas «que todos los orientales renunciaban a la lucha
armada, para buscar el triunfo de sjis aspiraciones en el ejercicio
del sufragio, especialmente garantido por la reforma de las leyes
electorales y por el espíritu de concordia cívica». Y ai aconsejar
su ratificación plena y absoluta, decía la Comisión informante
de la Asamblea General: «rLa Convención de Paz que ei
Poder Ejecutivo ha elevado a vuestra consideración, presenta
caracteres excepcionales, que no deben silenciarse en honor al
progreso de las ideas y al civismo de las agrupaciones políticas
en que se divide la opinión del país. Hasta ahora y por motivos