Año 38, nº 124 (1929) - Publicaciones Periódicas del Uruguay

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contra el decreto y pedía a título de resarcimiento de gastois
000,000 pesos en títulos de Díiuda Unificada.
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que
acometió en primer término el estudio del asunto, empezó por
óecir en su dictamen, que el Gobiermo de Santos había pasado' a
la Asamblea cinco piezas relativas a los contratos del Puerto, y
que era sobre esas cinco piezas quo la Asamblea se había pronunciado.
Agregaba que con posterioridad, había publicado el
ex secretario de la Legación en Londres, don Melitón González,
un protocolo secreto, cuya autenticidad había quedado debidamente
comprobada y que ese protocolo, que, es.taba herido de
nulidad, viciaba en la misma forma a los que tenían sanción
legislativa, dado la indivisibilidad de los contratos. Pero la declaración
de nulidad, en concepto de la comisión, correspondía
exclusivamente al Cuerpo Legislativo. Concluía el dictamen proponiendo
una minuta por la que se declaraba que los contratos
eran nulos y no exequibles y no daban base para indemnización
alguna, pero que deseando eliminar debates, se autorizara al
Poder Ejecutivo para pagar a la Empresa los gastos justificados
y los estudios y trabajos acumulados para dar andamiento a su
propuesta.
La minuta fué sancionada y e] Gobierno entregó a la Empresa
los 900.000 pesos pedidos, quedando así libre el país del desastroso
contrato celebrado en 18 8 5.
^iievo llamamiento a propuestas para la constmcción del Puerto.
Un año más tarde, volvió el asunto Puerto a figurar en la orden
del día, con motivo del nuevo llamamiento a propuestas para
la construcción de las obras.
Como consecuencia de ese llamamiento, se presentaron diez
proyectos, que fueron pasados a estudio del Consejo de Obras
Públicas. La mayoría del Consejo, encabezada por el ingeniero
don Rodolfo de Arteaga, aconsejó el rechazo de todos los proyectos,
y pidió que en el caso de que el Estado resolviera
realizar directamente las obras, fuera contratado un técnico notable
en el ramo de hidrografía, para practicar el estudio minucioso
y completo del régimen de la bahía y formular el plan de
las obras; y que en el caso de que se realizaran por partículares,
se exigiera como base previa a todo proyecto ese mismo estudio,
contraloreado por las oficinas técnicas del Estado.