Año 38, nº 124 (1929) - Publicaciones Periódicas del Uruguay

494 Anales de la universidad
las moratorias por concordatos preventivos y autorizar además
al fallido y a los acreedores para arreglar su situación en cualquier
momento prescindiendo del resultado de la calificación de
la quiebra.
El Código de Comercio de la Argentina y del Uruguay, redactado,
como lo hemots demostrado oportunamente, por el doctor
Eduardo Acevedo, recibía en esos mismos momentos la consaí^ración
europea por boca del doctor Vidari, el eminente profesor
de la Universidaid de Pavía, comentador del proyecto de CócMgo
de Comercio de Itaüia, que él había contribuido a redactar.
«Estos dos Códigos — decía el doctor Vidari, refiriéndose al
diel Uruguay y la Argentina, — que figuran entre las obras legislativas
más importantes de nuestro tiempo y que es lástima
sean casi ignorados entre nosotros, desde que por el método
legislativo o por la copia y bondad de las disposiciones que
conjtieaen, deberían ser tomados como modelo' por cualquiera
que se proponga legislar el derecho comercial. . . En esta disposición
y distribución de las materias (agregaba, luego de examinar
lo© libros y títulos) nuesitra mente se halla satiisfiecha;
allí la idealidad orgánica encuentra una» adecuada correspondencia
com la realidad orgánica; allí sentiimos que tenemos por
delante una obra armónicamente modelada en todas sus partes;
allí la ley es verdaderamente un oirganiiismo jurídico.»
ILeyes diversas.
La Asamblea estableció en 1895 que a los tres años de haberse
realizado una ceisión de bien'es, en que no existiera acusación
de ocultación o de fraude, debería el juez otorgar carta de
pago al deudor que lo solicitare, extinguiéndose con ello los
derechos y créditos existentes al tiempo de la cesión de bienes.
Una prescripción extraordinariamente corta, como se ve, y
peligrosa por lo mismo, dadas las dificultades inherentes a la
documentación de la mala fe en los juicios de quiebra.
Otra ley del mismo año estableció que el Gobierno no podía
otorgar, salvo el caso de obtener autorización legislativa, contratos
de alquiler o de arrendamiento de obras, por un plazo
mayor del correspondiente al período presidencial del contrato.
Esa ley, emanada de una iniciativa del doctor Carlos María
de Pena, ex Ministro de Hacienda de la Administración Herré-