Año 38, nº 124 (1929) - Publicaciones Periódicas del Uruguay

Anales de la Universidad 495
ra, respondía al propósito de impedir que en las postrimerías
de una presidencia, se hicieran contratos ruinosos a cargo de
i a administración subsiguiente.
El Grobierno del señor Idiarte Borda la devolvió con observaciones,
pero la Asamblea la ratificó poír 3 7 votos contra 17.
«El seguro de vida cons.tituído en favor de los herederos de
la persona que lo contrae, es un bien de propiedad exclusiva de
los mismos herederos y no responde en nirgúu caso a los créditos
que el constituyente quedara debiendo a su fallecimiento.;>
Tal fué la importante medida adoptada por la legislatura de
3 89 6, para, estimular eil seguro de vida y estabilizar la tranquilidad
de los hogares. Pero el privilegio, no era absoluto: sólo
s'j extendía a los seguros que no excedieran de 20 mil pesos.
La parte que excediera del límite legal, quedaba sometida a la
legislacióai común y contra ella, en consecuencia, podían accionar
los acreedores del constituyente.
Regían en el Uruguay dos leyes en materia de defensa judicial:
la de 1874, que establecía que para abogar ante los juzgados
y tribunales, no se necesitaba más requisito que el título
o poder que acreditara la personalidad del litigante, y el Códi.ao
de Comercio, que establecía que los litigantes que se presentaran
por sí o por medio- de apoderado o de procurador, no necesitaban
firma de letrado.
La ley de 1897 reaccionó contra ese régimen de libertad. En
adelante los juzgados y tribunales deberían rechazar todo escLto
sin firma de letrado, salvo cuando la parte misma accionara
o se defendiera. Quedaban exceptuados de la firma de letrado,
los escritos muy simples, llamados procuratorios, y los que se
presenta(ran en localidadies donde no hubiera por lo menos
cin.co abogados.
Tratábase de una reforma estimulada por los abogados, más
que por los intereses de la administración de justicia. Los males
que se denunciaban entonces, tenían que continuar y han couünuado
después de la sanción de la ley, porque emanaban fundamentalmente
de la falta de energía de los jueces para mantener
la disciplina judicial, cumplir extríctamente los plazot-,
liquidar rápidamente los procesos y desechar los recursos y
trabas exclusivamente encaminados a entorpecer la administrai^ión
de justicia.
La ley de escribanos sancionada en 18ÍJ7, establecía que todo