Año 38, nº 124 (1929) - Publicaciones Periódicas del Uruguay

350 Anales de la Universidad
die. Apesar de sus disposiciones, los prostíbulos se han ido extendiendo
hasta las proximidades del templo Protestante de la calle
Treinta y Tres y del colegio católico de la calle Reconquista.
Lo que ha querido el Gobierno, es dar cumplimiento al decreto
de la refetencia, desoyendo a los dueños de prostíbulos que invocan
las disposiciones constitucionales que protegen en su vida,
honor y seguridad a los ciudadanos y garanten la libertad individual.
«El Gobierno creyó que semejantes fundamentos eran
impertinentes, por cuanto si la libertad de entregarse al vicio
o al crimen es una facultad derivada del libre albedrío y sólo
enfrenable por el sentimiento moral, nunca constituye un derecho
en la acepción correcta que la palabra tienei».
Tales eran los términos del conflicto de jurisdicción. El Tribunal
Pleno juzgaba y con razón que no era mediante un simple
decreto administrativo, sino con ayuda de una, ley que podía
fijarse raadlos a los prostíbulos. El Gobierno, sin desconocer que
era un simple decreto y no una ley lo que existía, se limitaba
a replicar que el reglamento siempre había sido respetado. Pero
como el conflicto resultaba insoluble, tanto el Tribunal Pleno
como el Poder Ejecutivo resolvieron dirigirse a la Asamblea
General, y así lo hicieron. Las medidas del Poder Ejecutivo decía
en su Mensaje el Tribunal, alteran las funciones de los jueces
e invaden las atribuciones judiciales. La policía de las costumbres,
decía a su turno el Poder Ejecutivo, corresponde al
Poder Administrador, en virtud de sus atribuciones constitucionales
para la conservación del orden público.
Adjuntaba a la vez el Poder Ejecutivo un proyecto de ley que
reglamentaba el establecimiento de casas de prostitución dentro
de radios determinados; que autorizaba a la Policía para clausurar
prostíbulos; que declaraba que las cuestiones pecuniarias
entre las postitutas y los dueños de prostíbulos, serían resueltas
por la Policía, y que autorizaba a imponer multas hasta de 25
pesos y arrestos hasta de 8 días.
La contienda no alcanzó a ser solucionada entonces, a pesar
de que la Comisión de Tjegislación de la Cámara de Diputados
estudió de inmediato sus antecedentes y aconsejó la sanción de
un proyecto de ley que establéela que el Poder Ejecutivo dobía
ceñirse en lo relativo a la salud pública a lo que prescribiera
el Consejo Nacional de Higiene; que la Policía sólo podía aplicar
penas bajo forma de multas de 10 pesos y arrestos de tres
días; que los terceros que intervinieran en la explotación de