Leer - Revista Pensamiento Penal

CRIMINOLOGÍA Y CIENCIAS PENALES 107
Dicha reconstrucción supone considerar los efectos nocivos
y los costos sociales de la pena evaluados a la luz de un
serio control empírico de su efectividad. Para la exigencia de
una política de descriminalización en una perspectiva más
amplia y adecuada sobre los problemas sociales y los deberes
institucionales, D. PULITANO ha encontrado una fórmula
feliz: "decodificación por zonas de materia -escribe (1981,
págs. 119-120)- y orientación hacia nuevos modelos integrados
(extrapenales) de solución, las tareas sociales parecen
las vías a través de las cuales el derecho penal también puede
encontrar un "nuevo perfil".
La función natural del sistema penal es conservar y reproducir
la realidad social existente. Una política de transformación
de esta realidad, una estrategia alternativa basada
sobre la afirmación de valores y de garantías constitucionales,
un proyecto político alternativo y autónomo de los
sectores populares no puede sin embargo, considerar al derecho
penal como un frente avanzado, como un instrumento
propulsor. Por el contrario el derecho penal queda en un
triple sentido reducido a una actitud de defensa.
Defensa, ante todo, del derecho penal de los ataques llevados
en nuestros días contra las garantías liberales que le
asignan las constituciones de los estados de derecho. Defensa,
en segundo lugar, frente al propio derecho penal, en lo
que signifique contención y reducción de su campo de intervención
tradicional y sobre todo de sus efectos negativos y
de los costos sociales que pesan particularmente sobre las
franjas más débiles y marginales del proletariado y que contribuyen
de esta forma a dividirlo y a debilitarlo material y
políticamente. Defensa, por fin, a través del derecho penal
en la medida en que, por el momento, puede ser aún considerado
como una respuesta legítima ante la falta de alternativas
para resolver los problemas sociales en el marco de un
modelo integrado.
De todas formas la idea reguladora de una política criminal
alternativa implica la superación del sistema penal.
Orientar la reforma sobre esta idea reguladora no significa