Leer - Revista Pensamiento Penal

310 CRIMINOLOCÌÌA Y SISTEMA PENAL
gislador a realizar un atento estudio de los efectos socialmente
útiles que cabe esperar de la pena: sólo subsisten las
condiciones para su introducción si, a la luz de un riguroso
control empírico basado en el análisis de los efectos de normas
similares en otros ordenamientos, de normas análogas
del mismo ordenamiento y en métodos atendibles de prognosis
sociológica, aparece probado o altamente probable algún
efecto útil, en relación a las situaciones en que se presupone
una grave amenaza a los derechos humanos.
d) Principio de subsidiariedad. Una pena puede ser conminada
sólo si se puede probar que no existen modos no penales
de intervención aptos para responder a situaciones en las
cuales se hallan amenazados los derechos humanos. No basta,
por tanto, haber probado la idoneidad de la respuesta penal;
se requiere también demostrar que ésta no es sustituible
por otros modos de intervención de menor costo social.
e) Principio de proporcionalidad concreta o principio de
adecuación del costo social. Está comprobado que la pena
produce elevados costos sociales. Éstos no pueden ser simplemente
valorados desde el punto de vista de un cálculo
económico de costos y beneficios, sino, y por sobre todo, desde
el punto de vista de la incidencia negativa que la pena
puede tener sobre aquellas personas que constituyen su objeto,
sobre sus familias y su ambiente social, y, más en general,
sobre la sociedad misma. Desde este último punto de
vista, se debe considerar el hecho de que la violencia penal
puede agravar y reproducir los conflictos en las áreas específicas
en que aquélla interviene: piénsese en los delitos que
se vinculan a conflictos intersubjetivos cuyas partes mantenían
ya relaciones personales, y en particular, en los delitos
de injurias y lesiones. Por otro lado, existen casos muy evidentes
en los cuales la introducción de medidas penales produce
problemas nuevos y más graves que aquellos que la pena
pretende resolver (piénsese en la criminalización de la interrupción
de la gravidez) y en los que ésta puede ser considerada
como una variable esencial en la estructura de un
problema social complejo. Se debe reflexionar, en esta pers-