Leer - Revista Pensamiento Penal

140 CRIMINOLOGÍA Y SISTEMA PENAL
La función punitiva es continua en la historia de la civilización
occidental y omnipresente en el mundo humano.
Sin embargo, a pesar de ser posible reconstruir las modalidades
y las interrelaciones de esta función con la estructura
social, no habría ningún fundamento científico para sostener
que la misma deriva, de acuerdo con las formas conocidas
en nuestra cultura, de una necesidad o justicia "natural".
En efecto, existen civilizaciones donde esta función parece
haber sido substituida por prácticas restitutivas, o que
por lo menos estén desprovistas de las formas violentas y
crueles con las cuales estamos habituados a asociarlas prevaleciendo,
al contrario, modalidades simbólicas heteropunitivas
o autopunitivas, que presentan un bajo nivel de agresividad.
En el camino hacia la Europa de nuestros tiempos se ha
reconocido con la llegada de la modernidad, el inicio de la
transformación de una era a través de la cual la función punitiva
se separa definitivamente, tanto de los modelos rituales
de la venganza privada como de aquellos inquisitoriales
y sanguinarios, que fueron también la expresión premoderna
de una teoría funcionalista de la pena basada en la defensa
de bienes públicos de primera importancia: la autoridad
de la iglesia, la majestad del soberano.
Las promesas de la modernidad, tal como lo afirman De
Souza Santos y otros autores, tocaron también a la función
punitiva traduciéndose esencialmente, en este campo, en la
autolimitación del "nuevo" poder estatal que surge reivindicando
el monopolio de la violencia física. Esta autolimitación
significa sobre todo: a) la concepción de la pena como derecho-deber
del soberano; b) la racionalidad "funcional" de la
pena como instrumento de defensa de bienes jurídicos fundamentales
(el "catálogo" de los bienes que deben ser protegidos
penalmente se ha ampliado en proporción geométrica
de acuerdo con la extensión de las funciones del Estado en
el desarrollo sucesivo); c) la limitación de la pena a manera
de respuesta a los comportamientos de personas físicas previstos
por la ley (principios de personalidad y de legalidad) y