Leer - Revista Pensamiento Penal

CRIMINOLOGÍA Y CIENCIAS PENALES 187
cicio efectivo y de protección integral de los derechos fundamentales.
La tarea que deberíamos cumplir tiene, como objetivo,
garantizar autonomía y centralidad a todos los derechos
fundamentales que están en juego en una concepción amplia
de política criminal, colocando, sin embargo, entre paréntesis
u olvidando por cierto tiempo, por puras finalidades metodológicas,
la importancia de su protección penal. Podríamos
asumir, entretanto, que una política de justicia social y de
igualdad, puede tener un efecto positivo sobre el control de la
criminalidad y los procesos de criminalización independientemente
de las intervenciones del derecho penal.
La política del derecho penal es aquella que resta de la
política criminal cuando le han sido substraídas todas las
operaciones que tienen un solo efecto indirecto y secundario
sobre el control de la criminalidad, de los procesos de criminalización
y de las consecuencias de ambos, y tienen, al contrario,
su situación específica y directa en otros sectores de
la política de los derechos. Si renunciamos a entender la política
criminal colocándola en el lugar de la política social,
entonces podríamos aceptar reducirla a la política del derecho
penal.
La estrategia multidisciplinaria y multiagencial no busca
un rígido límite ni siquiera en aquella estrategia que separa
la ciencia integrada del derecho penal y el universo de los
otros saberes, las agencias del sistema de la justicia criminal
y aquellas de los otros sistemas.
El resultado es que, para ciertas áreas problemáticas, la
convocatoria a los respectivos "ateliers de trabajo multidisciplinarios"
se deberá extender también a las disciplinas y a
las instancias de la justicia penal. Pero al rechazo de una exclusión
prejudicial deberá acompañarle el rechazo de una
"natural" y "necesaria" dimensión penal. Se delinea así la
perspectiva científica y política de una búsqueda, desprejuiciada
y pragmática, pero fiel a la Constitución, de nuevas reconstrucciones
y nuevas modalidades de intervención pública
respecto de las situaciones problemáticas o socialmente
negativas. En tal perspectiva, el principio de subsidiariedad