Leer - Revista Pensamiento Penal

CRIMINOLOGÍA Y CIENCIAS PENALES 177
ma penal (paralelo), que acompaña de manera natural los
conflictos armados. La fuerza del orden y el sistema penal legal
asumen la forma de la guerra; al mismo tiempo, el momento
penal se dilata desproporcionadamente, englobando
las actitudes y las prácticas de las formaciones militares y
paramilitares, de los grupos armados y de las organizaciones
terroristas o criminales.
En la medida en que los conflictos disminuyen y se localizan
en el tiempo y en el espacio, tiende a desaparecer el condicionamiento
recíproco entre guerra y pena, entre violencia
armada y violencia punitiva; el sistema punitivo legal se impone
entonces sobre el sistema paralelo. La condición necesaria
para una normalización del sistema penal legal, es que
el Estado pueda ejercitar un control efectivo sobre el sistema
paralelo, para impedir la continuación de la guerra y permitir
que los conflictos sociales y políticos se desplieguen en forma
no violenta. La normalidad del sistema penal es una consecuencia
de la validez ideal y del respeto efectivo del pacto
social y, por consiguiente, de la vigencia de la Constitución 18 .
La paz es, sin embargo, condición necesaria del pacto social,
mas no suficiente; las otras condiciones necesarias se
encuentran en la eficacia de las normas que regulan la organización
y la división de los poderes del Estado y garantizan
los derechos fundamentales de los ciudadanos/hombres 19 .
Partiendo del célebre enunciado del artículo 16 de la Declaración
de 1789, Carl SCHMITT 20 ha mostrado, con particular
lucidez, que la efectiva separación de los poderes y las garantías
de los derechos son determinadas por las Constituciones
del Estado de derecho moderno, en su terminología,
o sea, la del Estado de derecho burgués.
18 Ver OROZCO ABAD, ATONTE 1992, ps. 219-232.
19 Sobre la equivalencia de las dos nociones, entendida como dato institucionalmente
considerado, pero como reivindicación politica y condición
de efectiva democracia, ver BAUBAR, 1989, ps. 4-6 y 11-15. El autor muestra
también que tal ecuación es ya enunciada en la declaración de los derechos
del hombre y del ciudadano de 1789.
20 SCHMITT C. 1989, ps. 125-220.