Leer - Revista Pensamiento Penal

314 CíUMlNOVOGÍA Y SISTEMA PENAL
El desigual funcionamiento de la justicia penal encuentra,
pues, en la discrepancia entre los recursos administrativos
y el programa legislativo, una causa estructural^ Si no
se quiere aceptar como fisiológica la existencia de una vastísima
cifra oscura de criminalidad y la realización de la función
punitiva por medio de chivos expiatorios, quedan teóricamente,
sólo dos posibilidades: adecuar los recursos a los
programas de acción legislativos, o bien, redimensionar los
programas de acción sobre la base de los recursos disponibles
en o para el sistema. La primera alternativa debe ser excluida
no sólo por la imposibilidad de realizar una gigantesca
inversión, cuyos costos económicos jamás podrían equilibrar
los eventuales efectos útiles del sistema mismo, sino
también porque sería insostenible el costo social de una operación
de efectiva adecuación, que, de todas maneras, queda
planteada únicamente como hipótesis teórica, esto es,
una militarización de la justicia penal y del Estado. Permanece,
pues, abierta tan sólo la otra posibilidad, que consiste
en la adecuación de los programas a los recursos existentes
o adjudicables al sistema. La aplicación correcta del principio
de implementabilidad administrativa de la ley bastaría
por sí mismo para reducir drásticamente al mínimo el área
de intervención de la ley penal 13 .
13 En virtud de las investigaciones llevadas a cabo hasta el momento,
no es posible calcular la cifra oscura global y el porcentaje de selectividad
de los sistemas penales contemporáneos. Parece, sin embargo, plausible
considerar válida, aun para los otros países europeos, la estimación realizada
por L. HULSMAN para Holanda (1985, 10). Según HULSMAN, tomando
también como referencia la criminalidad denominada tradicional, el porcentaje
de los eventos "criminalizados" respecto de los criminalizables según
el derecho penal vigente, estaría muy por debajo del uno por ciento.
Justamente, HULSMAN observa que los cálculos de la cifra oscura, realizados
con el método de encuestas anónimas sobre las victimas, proporcionan
una cantidad de los eventos criminalizables sumamente inferior a la
real. Basta tener en cuenta que este tipo de investigaciones no pueden considerar
las infracciones sin victimas individuales. Se puede, sin duda, suscribir
la conclusión del autor de que "la no criminalización de los eventos
criminalizables es la regla; la criminalización es la excepción" (1985, 10).