Leer - Revista Pensamiento Penal

CRIMINOLOGÍA Y CIENCIAS PENALES 151
ciplinas y contribuir, tanto en el interior como en el exterior
del medio científico, a la representación política de aquellas
necesidades. Superando la "cuestión criminológica" por medio
de la negación de la criminología como ciencia natural de
comportamientos y de individuos infractores, este nuevo saber,
cuya potencialidad ya hoy se puede advertir (piénsese
solamente en los aspectos más avanzados de la "nueva prevención"
y en las políticas "integradas" qué se están experimentando
en proyectos comunales y regionales de seguridad
urbana) puede ofrecer una nueva respuesta a la "cuestión
criminal": una respuesta que produce no solamente una política
criminal alternativa, en el interior del universo de las
ciencias penales y del sistema de justicia criminal, sino también
y, sobre todo, una política multiagencial alternativa a la
política criminal.
De esta forma, es posible restituir a la respuesta punitiva
el espacio residual y el papel fragmentario que le pertenecen,
de acuerdo con los principios constitucionales del Estado
social de derecho, sin descuidar la tutela de ninguna de
las necesidades reales de los ciudadanos.
Un Derecho penal mínimo, que es el único derecho penal
legitimable de.acuerdo con los principios mencionados, no
constituye ciertamente una coartada con respecto al necesario
empeño del Estado y de la sociedad en relación a situaciones
de violencia y de violación de derechos, a conflictos y
a problemas sociales que necesitan respuestas justas y adecuadas.
Restituida a los límites constitucionales y a los límites
funcionales que resultan de modelos integrados y multiagenciales
de protección de los derechos, la respuesta punitiva
no es nada más que un elemento, posible y sólo excepcionalmente
necesario, en el interior de tales modelos.
En este marco conceptual será también posible contribuir
en la construcción de una nueva cultura del "garantismo",
entendiéndolo no sólo como una limitación formal que concierne
únicamente al área penal, sino, sobre todo, como un
proyecto sustancial extendido a toda la política de protección
de los derechos, propia de la sociedad democrática.