CODIGO DE MINERIA COMENTADO - EDMUNDO CATALANO

Art. 15
EDMUNDO F. CATALANO
En cuanto a la inexistencia de permisos que excedan el número de unidades
por provincia que determina el artículo 29, otorgados a los socios o a interpósita
persona, debe entenderse, en el primer caso, que se trata de los socios en la
solicitud y no de los que pudiera tener el titular en empresas ajenas a la misma.
Sin embargo, se ha interpretado que alcanza a toda ciase de socios en empresas
mineras, haciéndose una aplicación arbitraria y extensiva de la norma, lo que
no parece lógico ya que la calidad de socio, en diferentes empresas, por sí misma,
no puede originar tal limitación, como no la crea el solo vínculo del parentesco
en caso de interpósita persona. Con respecto a estas últimas situaciones,
señalamos que deben ser previamente establecidas por la autoridad y la prueba
será, en muchos casos, harto difícil, como ya lo hemos indicado.
Por otra parte, la falsedad en la declaración jurada presentada por el explorador,
que sanciona el artículo 25 con la perdida de los derechos, puede dar lugar
también a dos interpretaciones: la primera, que la sanción de pérdida
alcanza tanto a los permisos peticionados, como a los obtenidos, según expresa
este artículo; y la segunda, que sólo comprende a los permisos otorgados, únicos
a que se refiere el artículo 29 y sobre los cuales debe versar la declaración del
explorador, requerida por el artículo 25. Esta última interpretación se basa en
que tratándose de una sanción la establecida en el artículo 25, la misma, por su
naturaleza penal, no puede ir más allá del hecho a que se refiere, que es la falsedad
incurrida en cuanto a los permisos otorgados o concedidos, prohibición a
la que se remite el artículo 25. La primera interpretación, en cambio, basada en
la intención del legislador de evitar la acumulación de las solicitudes y los permisos
en una sola mano, hace prevalecer la sanción más extensa del artículo 25,
que se refiere a los permisos peticionados u obtenidos, aunque la declaración
jurada, como dijimos, sólo haga referencia a estos últimos. Evidentemente, existe
una contradicción entre lo que disponen los artículos 25 y 29, que el intérprete
debe salvar a favor de la industria minera. El Consejo Federal de Minería,
organismo asesor de la Secretaría de Minería, institucionalizado por la ley
24.224, ante consultas efectuadas por autoridades provinciales y empresas en el
año 1996, ha optado por la interpretación estricta de la ley, haciendo prevalecer
el artículo 29 sobre el 25, dado el carácter de sanción penal que contienen.
La jurisprudencia del Consejo no es vinculante.
En definitiva, creemos que la autoridad minera cuenta con los medios idóneos,
como son los registros gráficos y la policía minera, para evitar que estas
situaciones se produzcan en el terreno y se conviertan en violación de la ley, por
lo que la sanción del artículo 25 no debería ir más allá de su verdadero objetivo
práctico, sin trabar la actividad minera en un país que necesita ser investigado
intensa y extensivamente.
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